Un juez dictó este viernes el primer fallo de restitución de tierras en zona urbana en favor de una familia víctima de grupos paramilitares a la que le devolvieron un predio de 800 metros cuadrados usurpados hace 10 años. El despojo tuvo lugar en el municipio de Tibu, en Norte de Santander.

Además de ser la primera vez que se restituye a una víctima de los grupos paramilitares en una zona urbana, la decisión se adoptó en apenas tres meses, informó en un comunicado la oficina de prensa de la Unidad de Restitución de Tierras, creada para este cometido.

Según esa entidad, las presiones de las autodefensas sobre la familia que vivía en un barrio de Tibú, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los obligó a abandonar su propiedad.

El fallo, emitido por un juez Tibú, también pide a la fuerza pública acompañar y colaborar «en la diligencia de entrega material del predio a restituir y se dictaron medidas complementarias como la exoneración del pago de impuesto» entre los años 2003 y 2012.

La sentencia recuerda que la familia «después de 10 años de abandono forzado y deambular por la región» y cuyo «padre fue asesinado» se acogió a la ley y «una vez se estableció su calidad de víctimas, en tres meses recuperaron la propiedad».

Esta acción se suma a la de otro juez que a comienzos de este mes emitió el primer fallo de restitución de tierras a favor de una víctima de la guerrilla de las FARC a la que devolvieron 3,92 hectáreas usurpadas hace diez años, en el departamento del Tolima (sur).

En un informe de octubre pasado la Unidad de Restitución de Tierras anunció que había recibido 26.082 demandas de personas despojadas que buscaban recuperar 1,94 millones de hectáreas, en virtud de la Ley de Víctimas y de Tierras que entró en vigor en enero de 2012.

Por esa Ley, el Estado colombiano se ha comprometido a restituir 3,5 millones de hectáreas que fueron abandonadas por desplazados o les fueron arrebatadas por grupos paramilitares y guerrilleros.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han calculado que los más de 5,5 millones de colombianos expulsados de sus tierras desde 1985 abandonaron o perdieron cerca de seis millones de hectáreas.