La ampliación de la extradición del expresidente peruano Alberto Fujimori para ser procesado por un caso de corrupción, aprobada hoy en Chile, puede complicar el pedido de indulto humanitario hecho por sus hijos hace un mes.

La Corte Suprema de Justicia de Chile amplió la extradición de Fujimori, aprobada en 2007, para que pueda ser juzgado en Perú por la financiación de los denominados «diarios chicha» (diarios populares, que difamaban a sus adversarios políticos) entre 1998 y 2000, que está configurado en el delito de peculado con una sanción de 8 años de cárcel.

El supuesto desvío de fondos públicos hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cargo de su entonces asesor Vladimiro Montesinos, supuso la pérdida de 122 millones de soles (46,9 millones de dólares), según la justicia peruana.

«Es claro que en los hechos materia del pedido existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político», señaló la resolución de la Corte chilena.

La ampliación de la extradición de Fujimori fue aprobada en momentos que su familia, liderada por su hija Keiko, reclamaba a las autoridades que den su autorización para que el expresidente ofrezca una entrevista radial sobre sus condiciones de encierro.

En la entrevista, Fujimori pretende refutar los reportajes que revelaron las comodidades que tiene en la cárcel construida especialmente para él en un establecimiento policial, después de que sus hijos pidieron al presidente Ollanta Humala que le otorgue el indulto humanitario por su frágil estado de salud.

La familia del expresidente adujo que sus condiciones de detención, a raíz de su sentencia a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, podían agravar su estado de salud, después de haber sido sometido a varias cirugías en la boca.

Consultado por los periodistas sobre los últimos sucesos, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, declaró que «es muy probable que un nuevo proceso pueda generar algún problema» en el pedido de indulto de Fujimori.

«Los indultos se producen a personas que se encuentran condenadas», acotó Jiménez en rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno.
Sin embargo, el primer ministro agregó que el nuevo proceso por la ampliación de la extradición y el pedido de indulto «son temas que corren por cuerdas separadas».

Jiménez señaló, tras respaldar la decisión del Instituto Nacional Penitenciario de rechazar la posibilidad de que Fujimori declare a la prensa, que el indulto humanitario se basa especialmente en la situación de salud de la persona y las condiciones de encierro.

La ministra de Justicia, Eda Rivas, indicó por su parte que «el indulto sigue adelante» y que la comisión técnica a cargo de su evaluación sigue trabajando en ello.

El procurador anticorrupción Julio Arbizú, que defiende al Estado peruano en los procesos contra Fujimori, dijo en rueda de prensa que la ampliación de la extradición es «un triunfo del Estado».

Arbizú aclaró que esta ampliación se tramitó mucho antes de cualquier anuncio de solicitud de indulto para Fujimori y descartó que tenga alguna incidencia en los resultados que pueda tener ese pedido.

El procurador explicó que ahora corresponde que la fiscalía superior peruana presente su acusación para fijar la fecha del juicio oral, probablemente el próximo año, pues por el tiempo transcurrido ya no corresponde que Fujimori tenga un antejuicio como exmandatario.
Arbizú recordó que «por estos hechos están condenados varios militares por desviar fondos al SIN y el propio Montesinos», al anticipar una sentencia condenatoria para Fujimori.

Además, el procurador dijo que el nuevo juicio tampoco ofrece «ninguna situación que ponga en grave riesgo su salud» porque la sala de juzgamiento está contigua a la celda que Fujimori tiene en un establecimiento policial de más de 10.000 metros cuadrados.