Nuevamente las mesas de diálogo para buscar salidas políticas al conflicto armado y pactar acuerdos que conduzcan al desmonte de la lucha armada, se reactivan, retoman agendas y modifican el orden de abordaje de algunos puntos pactados, sacando a flote diversas posiciones que rayan con el fundamentalismo ideológico o el interés por reivindicar la violencia como eje de transformación o de resistencia política, dejando a un lado, el interés principal frente a la construcción de acuerdos de solución a las causas y consecuencias estructurales que deben guiar el proceso.

La paz integral, como hace decenas de años se viene reivindicando por el movimiento nacional de paz organizado en todas sus expresiones, y que hoy, algunos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para la Paz siguen desconociendo, será el resultado de las transformaciones sociales, políticas y económicas que beneficien a la sociedad en general, encaminadas a superar la pobreza en todas sus acepciones, la exclusión y los vicios políticos de nuestra democracia, en especial la corrupción y el clientelismo, y la implementación de políticas económicas más equitativas y justas, centradas en el goce pleno de los derechos fundamentales.

Llegar a esos resultados, requiere acuerdos o pactos, que deben ser horrados por las partes,  fruto de las conversaciones y negociaciones de las mesas instaladas y por instalar, no solamente con las organizaciones armadas no estatales de carácter político, como el ELN o las disidencias de las FARC, o con las organizaciones armadas no estatales de delincuencia común y narcotráfico, como el Clan del Golfo, Los Conquistadores de la Sierra, Los Rastrojos, La Oficina, La Cordillera, las mafias y clanes locales, sino también como producto de los diálogos con todas los movimientos y partidos políticos que hacen presencia en el congreso y fuera de este, con los gremios de la producción industrial, agrícola y pecuaria, los grupos financieros, los gremios del comercio,  las empresas económicas de la comunicación, con las redes populares y comunitarias de medios de comunicación, con las organizaciones campesinas, las centrales sindicales, con las organizaciones nacionales de los pueblos étnicos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones juveniles y estudiantiles, las organizaciones de la población LGBTIQ+, las organizaciones de víctimas y población con discapacidad, las altas cortes, el ministerio público y el poder judicial, para hacer posible que el Estado, sus tres poderes y la sociedad, como un todo indisoluble, sean capaces de sacar adelante el país y la sociedad.

Razón tiene el Presidente Gustavo Petro U, cuando sostiene que en las actuales condiciones no será posible cumplir a cabalidad el acuerdo pactado con las FARC-Ep en 2016; a mi modo de ver, dicha afirmación, más que en referencia a la justicia transicional que de alguna forma avanza en la JEP, se debe entender en relación con el cumplimiento a las comunidades que hacen parte de las llamadas zonas PDET. Será necesario no solamente, recurrir a las instancias definidas para renegociar el acuerdo, ya que los tiempos pactados no son suficientes, así como a la disponibilidad y cantidad real de los recursos económicos que se necesitan, para responder a decenas de años de exclusión y empobrecimiento, en especial en aquellos componentes que guardan relación estrecha con inversiones urgentes locales, plasmados en los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR, que recogen las necesidades y la soluciones que el pueblo propone, como las vías terciarias, la construcción de escuelas, puestos de salud, la instalación y puesta en marcha de proyectos productivos que erradiquen la economía ilegal ligada a la producción y tráfico de cocaína, e instale modelos de desarrollo económico legales y dignificantes, el cuidado del agua y los bosques, etc.

Para cumplir, no solamente el acuerdo final con las FARC-Ep, y avanzar en erradicar las violencias armadas, se requiere de transformaciones progresivas, planificadas, acordadas, pactadas, que pongan en el centro la vida y los derechos humanos, encarnadas, entre otras, en la reforma a la Salud, en especial en aquellos artículos que buscan promover la salud preventiva, el mejoramiento de las condiciones de las y los trabajadores de la salud, la atención integral a poblaciones alejadas de las grandes urbes que son también víctimas de la confrontación armada, y superar la corrupción que carcome el sistema de salud actual; se requiere la reforma laboral, para recuperar y mejorar las condiciones de trabajo de miles de obreros y empleados; la reforma a la educación que hará posible que las y los jóvenes ingresen al sistema educativo, no deserten y logren terminar una carrera técnica, tecnológica y profesional; y la Reforma Rural Integral, que debe convertirse en el eje transformador de la realidad territorial, capaz no solamente de entregar tierras a campesinos y campesinas, y hacer productivo el campo, sino también, de construir una red de organizaciones campesinas que resista a las imposiciones y convocatorias violentas, y que persista en hacer de cada territorio un escenario de paz y de reconciliación.

La transformación positiva del conflicto armado y las violencias estructurales, no se lograrán solamente en las mesas de diálogo que se adelantan con los actores armados, eso lo deben reconocer y entender quienes los dirigen y quienes dialogan en su nombre, la sociedad requiere de garantías a la vida y la libertad, de ambientes propicios y adecuados para involucrarse en la construcción de propuestas transformadoras, y esto a su vez requiere que los grupos armados y el Estado en todas sus expresiones, tanto a nivel nacional como regional, se comprometan a brindar esas condiciones. Las y los colombianos, en su gran mayoría, estamos cansados de vernos incluidos en una guerra que hemos rechazado en las calles y en las urnas, es el momento de pactar, teniendo como prospectiva el bienestar de la sociedad, la equidad, la justicia social, la libertad, la dignidad, la democracia, y este futuro deseable, solo será posible si es el fruto de un acuerdo nacional incluyente, progresivo, democrático, no de una imposición producto de posiciones, dogmas o negocios. Ni en las mesas de diálogo para la paz, ni en el Congreso de la República, ni en la mesa de concertación salarial, ni con las armas o con el poder económico, se debe imponer medida, norma o decreto alguno que vaya en contravía de la dignidad humana.

Por esta razón, es más que necesario que la sociedad se exprese, se movilice, haga valer su voz y su importancia, que siga caminando la palabra y la acción, manifestándose en defensa de la vida y por la paz, rechazando el secuestro, los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, el confinamiento, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, las violaciones a los derechos humanos y ambientales, como exigencia básica que nos permita desatar el gran diálogo nacional por la paz. Sin esas condiciones, el camino de construcción de acuerdos de paz, su implementación urgente y necesaria, la concertación de las reformas progresivas tanto en el congreso como en los demás espacios de la sociedad civil, se hace más largo, tortuoso, y doloroso. Ningún gobierno del Estado Colombiano, podrá cumplir acuerdo alguno, si no se desactivan las acciones violentas de los Grupos Armados, sino superamos los fenómenos del narcotráfico y la corrupción, para avanzar progresivamente en la implementación de reformas que desactiven las violencias estructurales, mejorando las condiciones de vida de las y los colombianos. Solo el diálogo, la recuperación y la honra de la palabra pactada, harán posible el sueño de un país mejor.

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