Europa Press
El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha cancelado este martes 15 ONG, en su mayoría religiosas, por incumplimiento de la ley y por disolución voluntaria de sus miembros, lo que suma un total de 35 organizaciones disueltas en lo que va de año.
Según ha informado en un decreto publicado en el diario ‘La Gaceta’, el Ministerio del Interior ha solicitado «la cancelación» de la personalidad jurídica de ocho ONG y asociaciones por «disolución voluntaria de sus miembros».
En concreto, las afectadas son la Fundación Nicaragua Joven; la Asociación Ministerio Sanador Isaías 53-5; la Asociación de Laicos Bethlemitas San Miguel Arcángel de Nicaragua y la Fundación Cristiana Nueva Imagen de la Mujer.
También han sido canceladas por este mismo motivo la Red Centroamericana de Microfinanzas; la Asociación Ministerio Cristiano Iglesias Pentecostés Trono de Jehová; la Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas y la Asociación Ministerio Cristiano Bajo su Presencia.
Por otro lado, hasta siete ONG y asociaciones han quedado disueltas por incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro debido, principalmente, a irregularidades en sus estados financieros, según otro decreto publicado en ‘La Gaceta’.
Así, las canceladas por incumplimiento de la ley son Viviendas León; la Asociación Misión Evangélica ‘Cristo Viene’ de Nicaragua; la Asociación Sonati-Nicaragua, la Asociación Iglesia Centro Misionero Esperanza de Dios, la Fundación Rescatando Huellas; Global Partnerships y la Asociación Iglesia Evangélica Sicar ‘IES’.
El Gobierno de Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Recientemente, informó de que un total de 19 religiosos, incluido el oblispo Rolando Álvarez –condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato– fueron excarcelados y desterrados al Vaticano por un nuevo acuerdo con la Santa Sede.
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