Más de 40 países, entre ellos España y Estados Unidos, han alertado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas del «ritmo alarmante» al que empeora la situación en Venezuela y de la «persecución judicial» emprendida contra el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.

La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, se ha dirigido al Consejo en nombre de este grupo de países para trasladar la «profunda preocupación» por «la grave crisis estructural de Derechos Humanos que atraviesa Venezuela», acentuada en los últimos meses, especialmente a raíz de la jornada electoral.

En este sentido, han dado cuenta de «detenciones arbitrarias» de opositores, periodistas y manifestantes, de un «uso desproporcionado de la fuerza» y de la «persecución» emprendida contra González, que el pasado sábado salió de Caracas rumbo a España para pedir asilo político.

Mondino ha dicho que es «especialmente preocupante el daño que estas acciones ocasionan al Estado de derecho, la democracia y el respeto a las libertades civiles y políticas del pueblo venezolano y que redundan en un deterioro de la obligación de respeto y garantía de los Derechos Humanos por parte de Venezuela».

Los países que secundan esta declaración, entre los que hay siete latinoamericanos –Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Uruguay–, han reclamado al Gobierno de Nicolás Maduro la liberación «incondicional e inmediata» de «todas las personas detenidas arbitrariamente», así como el cese de «la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes».

También le han emplazado a reanudar la colaboración con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a permitir la entrada de una misión de investigación de la organización internacional, con vistas a que haya observación externa sobre el terreno.