En la última década, Medellín ha experimentado un alza imparable en los cánones de arrendamiento, un crecimiento masivo de las rentas temporales y una avalancha de compras de vivienda por parte de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de gentrificación no es un mero cambio urbano: es un éxodo silencioso que amenaza el derecho a una vivienda digna de miles de familias y pone en jaque la identidad y la diversidad social de la ciudad.

En el 2024 el precio del metro cuadrado en Bogotá tuvo un crecimiento del 5%. En Medellín, de acuerdo a Camacol, el precio del metro cuadrado aumentó en un 9% en los estratos altos y, más preocupante aún, entre el 12% y el 16% para los estratos medios y bajos. ¿Qué significa? Que las familias de menos recursos, que son las que más mueven el mercado de arriendos, tuvieron que pagar un 15% más de arriendo cuando de acuerdo a la ley el precio del arriendo debe estar atado al de la inflación, que fue del 5.2%. En el barrio Bolivariana, en Laureles, los arriendos aumentaron en el 2023 en un 81%. Familias pagando casi el doble de un año a otro sólo por el hecho de vivir en un sitio

Simultáneamente, el mercado de rentas temporales se ha convertido en un motor de especulación. Medellín figura hoy entre las ciudades latinoamericanas con mayor densidad de anuncios en plataformas como Airbnb, con más de 19.000 propiedades disponibles para alquiler vacacional y un volumen de reseñas que supera el medio millón. El aumento de casi 5.000 nuevos anuncios solo entre 2023 y 2024 reduce drásticamente el parque de vivienda destinada a arrendamientos tradicionales, presionando aún más los precios y beneficiando a grandes inversionistas que desplazan a las familias locales.

A este desequilibrio se suma la ola de compras de vivienda por parte de extranjeros. En 2024, aproximadamente una de cada cuatro transacciones de inmuebles en Medellín correspondió a compradores no residentes, procedentes principalmente de Estados Unidos, España y Chile. Detrás de esta tendencia no hay turistas ocasionales, sino inversionistas que ven en la ciudad un mercado emergente de alta rentabilidad, transformando las viviendas en activos financieros antes que en hogares. El resultado es una oferta permanente de vivienda cada vez más reducida y costosa para quienes viven y trabajan aquí.

Medellín está invivible. Lo peor, la alcaldía de Federico Gutiérrez parece no tener ningún interés en garantizar el derecho a una vivienda digna para la gente de la ciudad. El déficit de vivienda de la ciudad tiene a 233.000 familias necesitando de manera un buen lugar para vivir, pero mientras que en Bogotá se vendieron 18.601 viviendas VIS en el 2024, en Medellín apenas fueron 1.118, por debajo de otras capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

La respuesta de Fico: un Plan de Desarrollo Distrital con una meta irrisoria en materia de vivienda en comparación con el tamaño de la problemática. Apenas 4.000 subsidios para adquisición de vivienda cuando se estima que son 37.000 familias las que están necesitando un nuevo lugar para vivir, y una inversión de apenas $351.880 en el cuatrienio para el componente de vivienda, inferior a los $405.673 que destinó la alcaldía de Daniel Quintero para el mismo ítem.

La inacción del gobierno local no solo profundiza la brecha entre quienes viven de la ciudad y quienes lucran con ella, sino que contradice la visión de una Medellín inclusiva y solidaria. El derecho a la vivienda digna debe prevalecer sobre la lógica del lucro especulativo. El Gobierno Nacional, a través de sus programas de vivienda digna y de incentivo a la producción de vivienda social, ha demostrado su compromiso con las familias colombianas; sin embargo, esas políticas requieren del apoyo y la articulación del nivel municipal para surtir efecto en el territorio.

Medellín no puede resignarse a ser un ejemplo de desigualdad espacial. Es momento de que la Alcaldía asuma con voluntad política la misión de articular un plan de vivienda integral: priorizar proyectos de construcción de vivienda VIS, movilizar recursos para mejora de vivienda existente, y regular la valorización del suelo mediante gravámenes a la especulación. Solo así se garantizará que el derecho a la vivienda digna deje de ser una estadística y se convierta en una realidad para todos los medellinenses.

Alejandro Toro