La descentralización en Colombia surgió como respuesta a la crisis del modelo centralista consagrado en la Constitución de 1886, pero tiene raíces más antiguas que datan del siglo XIX con el proyecto patriótico de constituir la República, desde la Nueva Granada a la actual Colombia. La elección popular de alcaldes y gobernadores, la transferencia del situado fiscal e impositiva a los departamentos y, posteriormente, la expedición del Sistema General de Participaciones en la Constitución de 1991, representaron avances hacia la autonomía territorial. Sin embargo, los resultados han sido limitados en la medida que el gobierno nacional sigue concentrando la mayor parte de los ingresos, mientras que departamentos y municipios dependen de las transferencias para financiar salud, educación e infraestructura. Las reformas fiscales del siglo XXI centralizaron aún más los recursos, debilitando la capacidad de planificación e inversión de las regiones. Esto explica por qué el desarrollo continúa concentrado en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, mientras otras zonas permanecen rezagadas, sin servicios básicos de calidad ni oportunidades de empleo.

Es de aclarar que este debate no es nuevo, pues conserva los vestigios de la historia republicana del siglo XIX, donde líderes patriotas como José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, Manuel Murillo Toro y Justo Arosemena defendieron el federalismo como un modelo alternativo al centralismo. Así en 1849, José Hilario López fue elegido como el primer presidente liberal por voto popular y durante su gobierno (1849-1853) impulsó reformas tributarias, la descentralización administrativa y promovió la Constitución de 1853, que otorgó a las provincias mayor autonomía.

Corrido el año de 1855, Manuel Murillo Toro, junto a otros liberales, participó como uno de los redactores del proyecto de Constitución para la Confederación Colombiana, defendiendo el federalismo como mecanismo para equilibrar el poder entre centro y regiones, y en ese mismo año, Justo Arosemena, desde Panamá, escribió su ensayo El Estado Federal de Panamá y propuso una república liberal organizada en asociaciones de pueblos autónomos, con un gobierno central reducido a los asuntos comunes.

Posteriormente, Tomás Cipriano de Mosquera lideró la Guerra de las Soberanías (Guerra Civil de 1860 a 1863) contra el centralismo conservador, donde se declaró victorioso a nombre del federalismo liberal con la independencia del Cauca y creó el Distrito Federal de Bogotá en 1861, y como último dato histórico,  tanto Murillo Toro como Mosquera apoyaron la Constitución de Rionegro de 1863, que instauró un federalismo radical: fortaleció a los estados soberanos, redujo el poder presidencial, consagró la libertad religiosa y profundizó la separación entre Iglesia y Estado. Aunque breve y conflictivo, este debate  dejó huella en la tradición constitucional colombiana.

La vigencia de este ideario se refleja hoy en el debate contemporáneo sobre la necesidad de fortalecer a las regiones. En vísperas de las justas electorales del 2026, la consulta denominada La Fuerza de las Regiones propone seleccionar a un precandidato presidencial entre exmandatarios locales, con el fin de devolver protagonismo político y fiscal a los territorios. Exgobernadores  como Héctor Olimpo Espinosa (Sucre), Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta), y exalcaldes como Juan Carlos Saldarriaga (Soacha) y Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga) encabezan esta apuesta, que busca posicionar en la agenda nacional los desafíos y potencialidades regionales.

La propuesta subraya que el país no puede seguir dependiendo de cuatro departamentos y exige un desarrollo estructural del Sistema General de Participaciones, donde solo se destina cerca del 27 % de los ingresos corrientes nacionales (incrementado al 39,5 %  según la Acto Legislativo 03 de 2024). Pero por su parte, el gobierno central continúa recaudando la mayoría de los ingresos tributarios (alrededor del 89 %), dejando a municipios y departamentos con apenas entre el 7 y 11 % de los ingresos generados. Además de la redistribución fiscal, las regiones reclaman acelerar la transición energética, diversificar la base productiva y ampliar la autonomía fiscal local. También demandan mejoras en educación e infraestructura vial, que conecte territorios apartados con los centros urbanos, condición indispensable para la competitividad y el bienestar.

En conclusión, la descentralización y la autonomía regional son hoy un imperativo político y socioeconómico. Fortalecen el mandato constitucional de reconocer y empoderar a las entidades territoriales, devolviendo protagonismo a gobiernos locales y comunidades. Al mismo tiempo, impulsan innovación, transición energética, desarrollo vial y educativo, y reducen las desigualdades históricas entre centro y periferia. Como es apena obvio, un país con regiones fortalecidas estará mejor preparado para enfrentar pobreza, desigualdad y cambio climático, y para consolidar la paz y la democracia.

La fuerza de las regiones no es un lema electoral, sino una oportunidad histórica para construir un Estado incluyente, plural y equilibrado, que será liderado en la agenda electoral de 2026 por estos experimentados exmandatarios regionales (Espinosa, Gaviria, Zuluaga, Saldarriaga y Cárdenas), que se inscriben ante la registraduría el 19 de agosto de 2025 con la entereza de enarbolar la modernización territorial del país, habido se superar y cerrar definitivamente el debate histórico entre centralismo y federalismo, ahora expresada en clave de modernización económica y justicia territorial.

Luis Fernando Ulloa