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Confidencial Noticias 2025


El próximo 19 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones de los Consejos Municipales -CMJ- y Locales de Juventud -CLJ- (debido a las localidades que componen Bogotá), los cuales son mecanismos democráticos  creados para que las y los jóvenes elijan a sus representantes ante el Estado. En el Distrito Capital, estas elecciones corresponden a las 20 localidades y marcarán un nuevo capítulo de la política pública juvenil. Sin embargo, este proceso va más allá de una mera jornada electoral y representa la continuidad de una historia que se remonta a las grandes decisiones políticas internacionales sobre participación juvenil, con raíces en Europa, Asia y América Latina.

Desde mediados del siglo XX, la participación juvenil se ha convertido en un componente estructural de las democracias modernas. Los Estados comprendieron que la juventud no debía ser vista únicamente como una etapa biológica o una población vulnerable, sino como un actor político y social estratégico para el desarrollo, pues a partir de los movimientos estudiantiles, las luchas por los derechos civiles y la apertura de regímenes autoritarios, surgieron marcos normativos y organismos especializados que promovieron la participación de las nuevas generaciones en la vida pública. Organismos internacionales como las Naciones Unidas (Unesco), el Consejo de Europa (CdE) y la OEA  impulsaron políticas de juventud y la creación de Consejos Juveniles como instrumentos de gobernanza participativa.

En Europa, países como España, Francia, Alemania y Portugal fueron pioneros. En España, la Ley 18 de 1983 dio origen al Consejo de la Juventud de España (CJE), un órgano autónomo de representación y consulta ante el Estado. En Francia, el Conseil National de la Jeunesse (CNJ) asesora al Ministerio de Educación y promueve consejos municipales de jóvenes. En Alemania, los Jugendräte o Consejos Juveniles operan en ciudades y distritos con capacidad de propuesta en temas educativos, ambientales y culturales, mientras que en Portugal el Conselho Nacional de Juventude (CNJ) -creado en 1985-  agrupa organizaciones juveniles y otorga facilidades académicas y laborales a sus dirigentes. Estos modelos europeos comparten un principio común frente a  la participación juvenil cómo un acto cívico, voluntario y formativo, sin ser empleos remunerados, pero sí cuenta con respaldados institucionales, becas y certificaciones.

En América Latina, la institucionalización de la juventud llegó con las transiciones democráticas de los años noventa. Chile (1991) creó el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV); México (1999) fundó el IMJUVE y permitió la creación de consejos locales; Costa Rica (2002) instauró el Consejo de la Persona Joven; y Perú (2002) creó consejos regionales y locales. En todos los casos, los jóvenes ejercen su labor ad honorem, aunque con incentivos formativos o académicos. En Colombia, el proceso comenzó con la Ley 375 de 1997, primera Ley de la Juventud, y se consolidó con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013) y su reforma, la Ley 1885 de 2018, que fortaleció los Consejos de Juventud como canales de interlocución, incidencia y control social.

Posiblemente el modelo más avanzado a nivel mundial se encuentra en Filipinas, donde los Sangguniang Kabataan, creados en 1991, fueron reformados en 2022 para reconocer honorarios mensuales y presupuesto propio a los consejeros. Este esquema profesionaliza la representación juvenil y demuestra que la democracia también se fortalece cuando el trabajo cívico es valorado económicamente. En contraste, la mayoría de los países, incluido Colombia, mantienen una lógica voluntaria, aunque con incentivos no salariales -como transporte, formación y becas- para facilitar la participación.

Pero la historia de la política de juventud en Colombia tiene un trasfondo mucho más profundo al surgir en un momento de violencia extrema, cuando el país estaba marcado por el terror del narcotráfico, los asesinatos políticos y la pérdida de confianza institucional, ante lo cual  los jóvenes respondieron con un potente movimiento juvenil y solidario denominado “La Séptima Papeleta”. Lo que conllevó a que en el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990–1994), tras la promulgación de la Constitución de 1991, se creara el Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, y se nombró como Viceministro de la Juventud a Juan Manuel Galán Pachón, hijo del líder liberal asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Su designación tuvo un valor simbólico enorme en la medida que era la voz de una generación que transformaba el dolor dejado por Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en una política pública para la vida, la participación y la democracia.

Aquella política nació como un antídoto frente a la cultura de la muerte, con el propósito de promover la educación cívica, la inclusión social y la esperanza en una generación marcada por la violencia. La Ley 375 de 1997 recogió ese espíritu, reconociendo a los jóvenes como sujetos de derechos y creando los primeros Consejos Municipales de Juventud.  Décadas después, las leyes 1622 y 1885 reafirmaron esa visión, haciendo de los CLJ una escuela ciudadana para formar líderes con sentido de lo público, capaces de influir en decisiones sobre educación, empleo, ambiente y cultura.

Así, los Consejos Locales de Juventud no pueden relegarse a una moda institucional, sino que debe entenderse como aquel símbolo del derecho a participar y a transformar, en la medida que las y los jóvenes no solo ejercen ciudadanía, sino que también demuestran que las grandes luchas internacionales por revindicar la democracia sigue viva en cada momento electoral que permite renovar el pensamiento político de toda una nueva generación. Hoy, a más de treinta años de su nacimiento, la política de juventud conserva su esencia frente al reconocimiento de  las nuevas generaciones como el rostro ético de la democracia. Si en los años noventa el reto era superar el miedo y el narcoterrorismo, hoy al gran reto es  vencer la exclusión, el desempleo juvenil y la apatía política, ¡por eso hay que salir a votar masivamente este 19 de octubre jóvenes!.

Luis Fernando Ulloa

Luis Fernando Ulloa

Abogado y analista en política criminal

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