Asistimos como espectadores de un episodio energético inesperado en Colombia basado en el divorcio político entre el Gobierno Petro y la Unión Sindical Obrera (USO), que marca un punto de inflexión en la historia política y energética reciente del país, y es como efectivamente el principal sindicato del sector petrolero -y uno de los bastiones históricos del progresismo laboral colombiano- acaba de enviarle al Gobierno un mensaje tan incómodo como contundente, respecto de la transición energética, el cual no puede fundarse sobre la liquidación de Ecopetrol ni sobre la ideología ambiental que confunde el cambio con la parálisis. La USO, que acompañó a Gustavo Petro en su cruzada inicial por una economía descarbonizada, hoy pide al Estado preservar la producción petrolera, mantener el negocio del fracking en el Permian Basin de Texas y evitar que las decisiones políticas destruyan a la empresa más importante de la nación.

El contraste no podría ser mayor, pues mientras el presidente Petro predica en foros internacionales, como la reciente cumbre CELAC-UE en Santa Marta, que el mundo debe “liberarse del petróleo y priorizar la vida sobre el capital”, la USO advierte que el país no puede financiar su transición energética si apaga el motor que la sostiene, recordando que Ecopetrol es la responsable  de aportarle al país más del 70% de todas sus utilidades mediante la explotación hidorcarburífera y que de ahí salen los recursos que financian programas sociales, educación, infraestructura, ciencia y, paradójicamente, los proyectos de energías renovables que el Gobierno tanto promueve.

En la práctica, el Gobierno le exige a Ecopetrol que practique la eutanasia para salvar el mundo, pero el principal sindicato de la industria colombiana salió responsablemente en respaldo de la colosal petrolera, advirtiendo que vender o cerrar el negocio de fracking en la cuenca del Permian, en Estados Unidos, sería un garrafal error estratégico, pues dicha operación en asocio con la Occidental Petroleum (OXY) es hoy una de las más rentables del portafolio de Ecopetrol, con costos de producción que rondan los USD $12 por barril, lo cual indica que renunciar a ese activo en nombre de un discurso ambiental abstracto no solo afectaría la rentabilidad de la empresa y el empleo de miles de trabajadores; también debilitaría la relación de cooperación energética con Estados Unidos, país que ha sido socio tecnológico y comercial de Colombia durante décadas.



El mensaje implícito de la USO es político y pragmático en sentido de ser amigo de Estados Unidos en materia energética que nos resulta más sensato que quedar a merced de los grandes exportadores árabes o de potencias no alineadas como Irán, a las cuales Colombia tendría que comprar petróleo a precios altos y en condiciones geopolíticamente incómodas. Lo que el Gobierno llama “proteger la vida” podría terminar convirtiéndose en una nueva forma de dependencia fósil más cara, más sucia, servil y menos estratégica. Advertimos nuevamente que, si Colombia deja de producir su propio crudo y gas para importarlos, no habrá ninguna transición, ninguna soberanía energética y ninguna justicia tarifaria, sino que enfrentaremos una sustitución de dependencia servil al dejar de depender del petróleo colombiano para depender del fósil extranjero.

Aclaramos que el sindicato es insistente en que no está defendiendo el fracking por convicción ideológica, sino que está defendiendo la estabilidad económica de la empresa que hará posible la transición justa en un contexto donde los proyectos solares y eólicos avanzan lentamente, donde la red eléctrica tiene cuellos de botella y donde el país aún no tiene industrias sustitutas de las rentas fósiles; lo que implica que apagar la producción sin encender su reemplazo es suicida. Así la USO, representa la racionalidad que el Gobierno ha perdido, pues hoy es la conciencia de que el cambio debe ser gradual, con horizonte productivo, técnico y territorial;
por ende, este sindicato es completamente responsable al pasar de ser un aliado ideológico del Gobierno a convertirse en un actor corporativo que defiende el empleo, la inversión y la soberanía fiscal.

Entonces, no es un giro hacia la derecha, sino hacia la realidad, cuando los dirigentes regionales en forma pragmática, recriminan los efectos del estancamiento exploratorio y la caída de la inversión, advirtiendo que un país sin producción petrolera no será más verde, sino más pobre, y que una transición sin industria no es transición, sino subdesarrollo.



El problema de fondo es que la política de Transición Energética Justa (TEJ) del Gobierno Petro carece de estructura socioeconómica y territorial, siendo un discurso ambicioso, pero vacío de mecanismos reales de sustitución productiva, al pretender reemplazar el petróleo con retórica y el gas con esperanza. Lo que debería ser un plan de diversificación industrial y científica se ha convertido en un sermón ambiental que nadie sabe cómo financiar. Mientras tanto, los proyectos eólicos en La Guajira están paralizados por conflictos étnicos, las inversiones en fuentes solares se frenan por trámites regulatorios, la institucionalidad energética se fragmenta entre ministerios, agencias y consultores que hablan de transición sin entender la cadena productiva; todo sin una política coherente donde converse lo técnico, lo económico, los socioambiental y lo regulatorio. 


En conclusión, la USO se erige como la voz de la sensatez en medio del caos discursivo al defender la fortaleza de Ecopetrol como pilar de una transición energética justa y realista. Si el Gobierno no rectifica sus improvisaciones, corre el riesgo de perder no solo el respaldo de sus aliados naturales, sino también la oportunidad histórica de construir un futuro energético sostenible y soberano.

Luis Fernando Ulloa