Colombia es una nación que ha sobrevivido a heridas profundas, pero también es un país al que algunos sectores insisten en desgarrar por dentro mediante palabras que no pretenden dialogar sino dividir. La polarización no aparece de manera espontánea. Es una estrategia cuidadosamente construida por sectores políticos que han convertido el miedo en una herramienta de poder, un recurso para deslegitimar al que piensa distinto y para frenar cualquier posibilidad de transformación social. Cada frase estigmatizadora, cada señalamiento vacío, cada grito envenenado, ha ido moldeando un ambiente donde la sospecha pesa más que los argumentos.

En este clima crispado el país fue testigo de un momento que dejó al desnudo la gravedad de ese discurso. La senadora Paloma Valencia, en plena sesión del Congreso, le gritó al senador Iván Cepeda la expresión mándeme a matar. Esa frase no fue un desliz ni un arrebato. Fue la expresión más clara de un estilo político que busca deshumanizar al adversario y sembrar la idea de que la izquierda democrática es una amenaza mortal. Fue la evidencia de un deterioro profundo en nuestra convivencia institucional, una muestra de cómo la violencia simbólica sigue contaminando la vida republicana.

Durante años hemos escuchado las mismas advertencias desprovistas de sustento. Aseguran que la izquierda entregará el país a los violentos. Que la búsqueda de la paz es una capitulación. Que defender derechos humanos equivale a apoyar criminales. Que las reformas sociales conducirán al caos económico. Que la igualdad es apenas una excusa para imponer dictaduras imaginarias. Estas fórmulas no tienen como propósito ayudar al país. Su función es impedir que la ciudadanía mire de frente los verdaderos problemas que nos afectan, como la desigualdad estructural, la corrupción enquistada, el narcotráfico que destruye territorios y la falta de oportunidades que condena a millones a una vida de exclusión.

La polarización se convierte así en una herramienta para proteger privilegios, no para defender principios. Cuando se demoniza la paz, lo que se teme no es la violencia sino la verdad. Cuando se condena la justicia social, lo que se protege no es la economía sino un orden desigual que beneficia a unos pocos. Y cuando se ataca a quienes buscan cambios democráticos, lo que está en juego no es la libertad, sino la capacidad de la sociedad para imaginar un futuro distinto.

A esta estrategia del miedo se suma una tendencia igualmente peligrosa. El negacionismo de hechos victimizantes. Negar masacres, despojo de tierras, minimizar asesinatos selectivos, desdibujar desplazamientos o relativizar desapariciones forzadas es un intento de borrar el sufrimiento de miles de víctimas. Cuando se niega la responsabilidad histórica de estos hechos, se intentan limpiar biografías políticas y se oculta la verdad que el país necesita para sanar. No hay reconciliación posible cuando la memoria se manipula, cuando se busca imponer el olvido y cuando se pretende que la impunidad sea un camino aceptable.

En medio de este escenario cargado de tensiones los sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda tienen una responsabilidad enorme. No pueden caer en la trampa del odio. No pueden permitir que la provocación los desvíe del camino. La tarea es mantener un rumbo sereno y propositivo, reafirmar el compromiso con la construcción de paz, la erradicación del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y la superación de la desigualdad y la inequidad que siguen dividiendo al país. La respuesta ética no es devolver la agresión sino profundizar el trabajo por la paz, la vida, la justicia y la dignidad de todas y todos los colombianos.

En esta construcción colectiva también es fundamental el papel del sector empresarial. Pequeños, medianos y grandes empresarios están llamados a fortalecer la responsabilidad social de las empresas, a invertir en la gente, a abrir puertas de oportunidad y a promover entornos laborales y sociales inclusivos y justos. Su aporte es indispensable para avanzar hacia un acuerdo sobre el salario mínimo que beneficie a las trabajadoras y trabajadores, que reactive el consumo interno, que dinamice la economía y que afiance la justicia social. Una sociedad más equilibrada garantiza condiciones más estables para el desarrollo y para un crecimiento económico sostenible que respete el medio ambiente, la cultura y la dignidad de cada persona.

La verdadera grandeza política aparece cuando la esperanza se mantiene firme y no se deja absorber por la rabia. Frente a la ofensa, la respuesta necesaria no es elevar el tono sino profundizar el compromiso con la vida, con el entendimiento y con la posibilidad de unir a Colombia en lugar de continuar desgarrándola. A quienes alimentan el miedo se les responde abriendo caminos de futuro. A quienes insisten en dividir se les responde creando comunidad y fortaleciendo el sentido de un país que solo podrá avanzar cuando el respeto y la serenidad sean más fuertes que cualquier provocación.

Colombia necesita que el afecto venza al odio, que la responsabilidad colectiva venza al egoísmo y que la imaginación de un país más justo venza al miedo que algunos quieren seguir imponiendo. Los sectores progresistas, la ciudadanía comprometida con el cambio y los empresarios que creen en el desarrollo con equidad tienen la oportunidad de demostrar que la patria se construye con respeto, con solidaridad y con la convicción de que la dignidad humana es el corazón de cualquier proyecto nacional. Esta patria merece mucho más que una política hecha de insultos y amenazas. Merece un destino donde la vida sea el centro y no la excusa, un futuro donde la esperanza sea más fuerte, un camino donde el desarrollo económico no excluya a nadie y donde el respeto por la naturaleza, la cultura y la dignidad guíe nuestras decisiones colectivas.

Luis Emil Sanabria Durán