El país avanza, pero de manera desigual. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías y no solo en cifras macroeconómicas positivas. Los desafíos que enfrenta Colombia requieren un Estado fuerte, protector y redistributivo, comprometido con la justicia social, la equidad territorial y la dignidad de todas las personas.

Hoy, más que nunca, es necesario defender lo público como herramienta de transformación social y respaldar políticas progresistas que permitan construir, desde abajo y con la gente, un país más justo, feminista, democrático e igualitario.

Por Marcela Clavijo P.

Colombia atraviesa un momento decisivo. Tras años de estancamiento económico y profundización de las desigualdades, el país muestra señales de recuperación: un crecimiento del 2,4% en la primera mitad de 2025, superior al 1,6% de 2024, impulsado por el consumo privado, la reactivación del gasto público, la reducción de la inflación y una leve flexibilización de las tasas de interés. Este contexto abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un pacto social inclusivo, tal como propone el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, centrado en la prosperidad democrática, la ampliación de derechos y la redistribución efectiva de las oportunidades.

Sin embargo, las cifras económicas no son suficientes para comprender la realidad social del país. Un análisis con enfoque diferencial e intersectorial evidencia que el bienestar no se distribuye de manera homogénea: persisten brechas regionales, desigualdades de género, disparidades intergeneracionales y profundas inequidades socioeconómicas que exigen un rol más fuerte, coordinado y estratégico del Estado.

1. El contexto socioeconómico: avances frágiles y desigualdades persistentes

Aunque la proyección de reducción de la pobreza al 37% en 2024 parece alentadora, este indicador aún refleja la precariedad estructural del modelo económico históricamente centrado en el mercado. El salario mínimo de $1.300.000 COP, equivalente a apenas $323 USD, no permite cubrir ni siquiera los gastos básicos, cuando el costo real de vivir con dignidad asciende a cerca de $546 USD mensuales.

Este desajuste entre costo de vida y poder adquisitivo demuestra que la población trabajadora —y en particular las mujeres, jóvenes, personas diversas sexualmente, rurales y étnicas— sostienen la economía mediante trabajos informales, precarizados y mal remunerados, mientras soportan las cargas históricas de cuidado no remunerado y barreras de acceso a salud, educación, transporte e internet.

2. El rol del Estado: la recuperación solo es posible desde lo público

En un país donde el 47,6% de los hogares depende del arriendo, donde solo 59,5% tiene acceso a internet y donde las desigualdades territoriales se profundizan, el papel del Estado no puede limitarse a la regulación del mercado.

El crecimiento de 2025 no se explica por la liberalización económica, sino por la expansión del gasto público y las mejoras en condiciones monetarias. Esto confirma las tesis progresistas que sostienen que el desarrollo sostenible depende de la intervención estatal, la planificación territorial, la inversión social y la redistribución del ingreso.

El gobierno que inicia tiene la oportunidad y el desafío de recuperar la legitimidad y la fuerza de lo público, defendiendo un modelo donde:

•          La seguridad es entendida como seguridad humana y no solo militar.

•          La salud es un derecho garantizado por el Estado, no un negocio intermediado.

•          La educación se concibe como motor de igualdad social.

•          La economía popular es reconocida como pilar central del desarrollo.

•          El acceso a la vivienda y los servicios públicos es universal, digno y asequible.

3. Enfoque diferencial: las desigualdades afectan de manera distinta a cada población

Un análisis progresista exige reconocer que las condiciones de vida en Colombia no afectan por igual a toda la población.

Las brechas son claras:

•          Mujeres: enfrentan baja inserción laboral, sobrecarga de cuidado y peores salarios.

•          Juventudes: padecen mayor desempleo, inestabilidad laboral y falta de acceso a vivienda y educación superior.

•          Poblaciones LGBTIQ+: experimentan discriminación laboral, violencia y precariedad económica.

•          Comunidades rurales y étnicas: viven rezagos históricos en infraestructura, conectividad y servicios básicos.

•          Personas mayores: tienen pensiones insuficientes y acceso limitado a salud de calidad.

Este mosaico social exige que cada política pública —desde el empleo hasta la salud, desde la vivienda hasta la seguridad— incorpore un enfoque interseccional que reconozca las experiencias diferenciadas y articule respuestas integrales.

4. Intersectorialidad: el desarrollo no depende de un solo ministerio

Los desafíos en regiones como Risaralda —seguridad, desempleo, infraestructura y desarrollo económico— no pueden abordarse de manera aislada. Las políticas deben construirse desde la intersectorialidad, es decir, mediante la articulación efectiva entre:

•          Desarrollo Social

•          Educación

•          Salud

•          Vivienda

•          Transporte

•          Cultura

•          Trabajo

•          Agricultura

•          Igualdad y Equidad de Género

•          TIC

Solo así será posible cerrar brechas estructurales y avanzar hacia un modelo de bienestar integral.

5. Hacia un proyecto de país con justicia social y democracia profunda

La recuperación económica no tendrá impacto real si no se transforma en justicia social, mayor redistribución del ingreso y ampliación de derechos. Un proyecto progresista debe asumir que la prosperidad no es solo crecimiento, sino:

•          Trabajo digno y decente para toda la población.

•          Salud y educación públicas y universales.

•          Seguridad humana, ambiental y económica.

•          Participación ciudadana amplia y vinculante.

•          Políticas fiscales progresivas donde quienes más tienen aporten más.

•          Cuidado como pilar del modelo económico.

El pacto social que propone el nuevo gobierno debe ser, ante todo, un pacto por la vida digna, la igualdad, la paz territorial y la consolidación de un Estado social de derecho robusto que garantice derechos, regule al mercado y actúe de manera eficaz para cerrar brechas históricas.

Conclusión: Colombia 2025 exige más Estado, más igualdad y más democracia

El país avanza, pero de manera desigual. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías y no solo en cifras macroeconómicas positivas. Los desafíos que enfrenta Colombia requieren un Estado fuerte, protector y redistributivo, comprometido con la justicia social, la equidad territorial y la dignidad de todas las personas. Hoy, más que nunca, es necesario defender lo público como herramienta de transformación social y respaldar políticas progresistas que permitan construir, desde abajo y con la gente, un país más justo, feminista, democrático e igualitario

Marcela Clavijo