Una condena de 57 años y dos meses de cárcel fue impuesta a Wilson Alexander Prado Cabezas, señalado como responsable de una cadena de secuestros y agresiones sexuales cometidas contra al menos nueve mujeres en varios municipios del Valle del Cauca.
La decisión judicial se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral, las cuales permitieron demostrar que los hechos ocurrieron entre julio y noviembre de 2022. En ese periodo, el condenado utilizó plataformas virtuales para establecer contacto con sus víctimas, a quienes citaba o les ofrecía transporte en motocicleta.
Según la investigación, una vez ganaba su confianza, las trasladaba mediante engaños a lugares apartados de Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí. Allí las retenía, las amenazaba de muerte, las golpeaba, les robaba objetos de valor y las sometía a violencia sexual.
Las pruebas presentadas en juicio oral permitieron que fuera condenado a 57 años y 2 meses de prisión Wilson Alexander Prado Cabezas responsable de retener y abusar sexualmente de, por lo menos, nueve mujeres en Valle del Cauca, entre julio y noviembre de 2022. La Fiscalía… pic.twitter.com/DYi1ArTX8h
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 8, 2026
Las mujeres afectadas tenían entre 20 y 40 años. Algunas permanecieron privadas de la libertad durante varias horas, tiempo en el que el agresor llegó a comunicarse con sus familiares para exigir pagos millonarios a cambio de su liberación. Las sumas solicitadas oscilaron entre tres millones y tres mil millones de pesos.
Uno de los elementos determinantes del proceso fueron los peritajes forenses realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los análisis genéticos practicados a las víctimas arrojaron una coincidencia del 99,99 % con el perfil de Prado Cabezas, lo que reforzó la responsabilidad penal atribuida.
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En primera instancia, el juez lo declaró culpable de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Además de la pena privativa de la libertad, se le impuso una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.
El hoy sentenciado fue capturado en diciembre de 2022 en el barrio Laureano Gómez, en Cali, durante un operativo conjunto adelantado por el CTI, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
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