Tras una semana de movilizaciones por todo el territorio nacional, los más de 42 mil indígenas reiteraron su solicitud al Gobierno de prestar más atención a los cinco puntos que constituyen las causales meritorias de la minga nacional indígena. Ya son decenas los heridos, numerosas las amenazas y pocos los acuerdos.

Desde sus inicios, las autoridades de la minga social aseguraron ante la opinión pública que las marchas se harían pacíficamente, bajo los términos del derecho legitimo a la protesta. No obstante, según indica la Organización Indígena Nacional de Colombia (Onic), en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, se registraron fuertes episodios de violencia y amenazas en contra de los manifestantes.

Pese a que el ministro de Interior Aurelio Iragorri, desde el Resguardo La María Piendamó en Popayán, anunciara la creación de un grupo interdisciplinario del Gobierno Nacional, encabezado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para el seguimiento de las 400 solicitudes de saneamiento de resguardos indígenas en todo el país (segundo punto del pliegue), además del levantamiento de bloqueos debido a un arreglo contemplado por las partes en el Cauca, la Onic aseguró que la minga indígena no se detendrá y enfatizó en resaltar las cinco peticiones constituidas al inicio de las movilizaciones.

En primera instancia y como ámbito general, la continuidad de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, es punto vital para la comunidad indígena de Colombia ya que representa un verdadero fin del conflicto y a su paso, generaría soluciones incluyentes con los indígenas para que en actos sociales como la minga, no se evidencien casos de intervención de terceros durante las marchas o desalojamientos forzados por la minería.

De esta manera la Onic exige “la suspensión inmediata del trámite de los 2008 títulos mineros solicitados en resguardos indígenas, debates televisivos abiertos en el Congreso entre empresas, Estado, organizaciones de pueblos indígenas, campesinas, organizaciones ambientales y los órganos de control del país sobre la mega minería en el país”.

Asimismo, los 102 Pueblos Indígenas se ponen en sintonía con los requerimientos del sector campesino durante el paro agrario, para que se deroguen los tratados de libre comercio bilaterales que “se han negociado de forma inconsulta, violando los derechos constitucionales”.

“Creemos firmemente en las posibilidades de establecer otro tipo de acuerdos con países vecinos y/o en condiciones socioeconómicas similares, para impulsar las economías propias y que cumplan el criterio de mercados justos y con el respeto por la autonomía y gobernabilidad interna de nuestros pueblos”, dicta un comunicado publicado por la Onic.

Adicionalmente, el pueblo indígena reitera su petición ante el Gobierno de expedir normas que resuelvan la invisibilidad legislativa y la participación política de nativos dentro de los procesos legislativos del país.

Por su parte, el ministro Iragorri Valencia señaló la voluntad de diálogo del Gobierno y dijo que los acuerdos pactados beneficiarán de manera integral a la población indígena de Colombia.