Hoy empezó abrirse camino en el Congreso el Acto Legislativo que reglamentará la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del Acuerdo Final que firmaron en noviembre pasado el Gobierno y las Farc. La JEP adoptará decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado; sin embargo, el texto de la ponencia que presentó el Gobierno habilita a los miembros de las Farc hacer política y ocupar cargos públicos mientras cumplen con sus condenas.
La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado, al menos así esta concebida en el texto que acordaron las partes en Cuba.
La iniciativa tiene siete capítulos: el primero sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; el segundo sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; el tercero sobre la Jurisdicción Especial para la Paz; el cuarto sobre la Reparación Integral en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reperación y No Repetición; el quinto es sobre la prohibición de extradición; el sexto la participación en política; y el séptimo determina todo el tratamiento que tendrán los miembros de la Fuerza Pública si se acogen a esta jurisdicción.
En esta discusión también harán presencia los miembros de la agrupación política que surgió de los acuerdos de paz, Voces de Paz.
En virtud de la JEP serán creados tribunales y salas con la finalidad de investigar, juzgar y sancionar a responsables del largo conflicto interno, bajo las premisas de cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad pero sí beneficios como indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos, para ello es clave la Ley de Amnistía que aprobó el legislativo a finales del año pasado.
Cabe señalar que según lo acordado por el Gobierno y las Farc en La Habana, la imposición de cualquier sanción por parte de la JEP no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho (activo o pasivo) de participación política, de conformidad con lo que sea acordado en el Acuerdo Final en desarrollo del Punto 3 - “Fin del Conflicto”.
Frente a este punto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que la ponencia se encuentra como está en los acuerdos.
“Las Farc va a poder participar en la actividad política, recuerde que ese fue uno de los temas de mayor discusión con los partidarios del No y uno de los temas en los que con toda claridad el presidente Santos le dijo al país y a los colombianos que no se había podido avanzar para establecer limitaciones a esa participación”, dijo Cristo.
Tal como se dio con la Ley de Amnistía, para el debate de la Jurisdicción Especial para la Paz el Gobierno acudirá al mecanismo de vía rápida o fast track, por que el Congreso debatirá en menos tiempo esta reforma constitucional.
“Calculamos que dicha discusión demore 30 o 40 días y, promulgado ese acto, se tramitará una ley estatutaria que reglamente la parte operativa del Tribunal de Paz”, sostuvo el representante a la Cámara Hernán Penagos, coordinador ponente del proyecto.
Tal como ocurrió con la Ley de Amnistía, para la votación de esta reforma constitucional se hará uso del denominado ‘Fast Track’, por lo que se serán cuatro y no ocho los debates necesarios para reglamentar esta medida que el Gobierno espera tener funcionando para finales de mayo o principios de junio.
