El alcalde del municipio de Ataco (Tolima), José Antonio Jiménez, luego de las denuncias hechas por la Defensoría del Pueblo sobre amenazas y violaciones a los derechos humanos de líderes comunales y comerciantes, habló con Confidencial Colombia acerca de la situación que está viviendo el municipio en materia de conflicto armado.

“El desplazamiento de campesinos y líderes de la comunidad continúa. Aquí lo que hay es una doble moral por parte de la subversión. Por un lado esgrimen anhelos de paz en Cuba y por otro lado atentan, presionan y crean caos en las regiones como en el sur del Tolima”, así narra el Alcalde municipal de Ataco la situación que actualmente viven los atacunos.

Uno de los atentados que recientemente vivió el municipio fue contra la casa del alcalde en donde salieron ilesos sus hijos y esposa. Los daños materiales, según Jiménez, superan los 14 millones de pesos. Estos hechos se los atribuyen a la columna móvil ‘Teófilo Forero’ y ‘Manuelita Sáenz’ de las Farc.

Las amenazas fluctúan entre desplazamientos y “llamadas extorsivas” (exigiendo dinero) a 36 presidentes de juntas de acción comunal y a comerciantes de la región.

Pero no solo guerrilleros de estas dos columnas estarían detrás de las violaciones a los derechos humanos de la comunidad. Jiménez dice que hay bandas delincuenciales que trabajan para las Farc. Asimismo, señala que también hay otras que aprovechando la avalancha de amenazas que en los últimos meses se han presentado en el municipio, se han organizado para delinquir.

Otra de las afirmaciones que hizo el mandatario local es que además de estas bandas, también estarían detrás de estás intimidaciones “grupos políticos que quieren desestabilizar la región para que les fortalezcan sus estrategias políticas”.

El Alcalde es enfático en decir que su posición frente a grupos al margen de la ley es neutral. Igualmente señala que durante su gobierno ha promovido un proyecto que contempla el tema de la paz, razón por la cual no ve por qué últimamente ha recibido amenazas en su contra.

Según la Defensoría del Pueblo, en el informe de riesgo 028-14, en lo que va corrido del año el Alcalde municipal “ha recibido más de 20 llamadas extorsivas”. Funcionarios públicos de la administración se vieron obligados a abandonar sus propiedades por la sentencia de muerte que en su contra lanzaron presuntos miembros de un grupo delincuencial conocido como “Los Churucos”, el cual estaría involucrado en una serie de homicidios selectivos ocurridos entre diciembre de 2013 y enero de 2014”.

Finalmente, la Defensoría emitió 13 recomendaciones a ocho autoridades nacionales y regionales para mitigar acciones que vulneren los derechos humanos del departamento.