Después de que se hiciera público el “Cartel de los Jueces” y de que se filtraran las grabaciones de las llamadas del magistrado Villarraga, el prestigio del aparato judicial empezó a decrecer.

La justicia colombiana siempre se ha preciado de ser la garante máxima del orden constitucional, a pesar de la señalada lentitud en su proceder, sin embargo en más de una ocasión los escándalos han sido manchas que deslucen esa imagen idealizada.

Un cartel de jueces, auxiliares judiciales y funcionarios menores que se dedicaban a cobrar dinero por direccionar, mover y detener procesos judiciales hizo que la imagen ideal de un aparato garante del orden civil se resquebrajara y que la confianza en la justicia empezara a diluirse en el tiempo y los medios.

La pregunta emergente en un escenario como el planteado es: Quién juzga a los jueces. Para garantizar que la actuación de los servidores judiciales sea la apropiada, la Constitución de 1991 creó el Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, el fin de semana pasado, Noticia Uno, reveló unas grabaciones en las que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Henry Villarraga se comunicaba con un militar juzgado por un “falso positivo” para favorecerlo influyendo en su caso. Igualmente mencionaba a otros magistrados y altos mandos de las fuerzas armadas. A pesar de la evidencia y de la irregularidad que supone su conducta, la judicatura no ha abierto investigación y no ha adelantado acciones tendientes a reconvenir al magistrado.

En ese orden de ideas, el cacerolazo va para el aparato judicial colombiano que ha mostrado en estas semanas, que no solo es susceptible de ser corrompido sino que adolece de mecanismos reales y efectivos para controlar a sus propios operarios.