El “plan reglamento” comenzó a regir en varias cárceles del país como respuesta desesperada a la precaria situación por la que atraviesan estos importantes recintos fundamentales para el mantenimiento del orden público y el monopolio de la administración de justicia en el país. Éste tiene como objetivo declarar de manera perentoria la emergencia carcelaria en cumplimiento estricto de la ley que dicta que cualquier establecimiento carcelario en Colombia con más de un 20% (tope que sobrepasan la gran mayoría) de hacinamiento debe bloquear el ingreso de nuevos reos.

Fueron, al menos, 84 centros penitenciarios a nivel nacional y más de 10 mil trabajadores que fueron notificados sobre el paro carcelario a la espera de que el Gobierno cumpla con los acuerdos a los que se llegaron en enero del 2015.

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En nuestro país existe una robusta población carcelaria con más de 118 mil personas confinadas con impuesta medida intramural. Sin embargo, la infraestructura del Estado únicamente tiene capacidad para atender poco más de 78 mil presos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

De acuerdo con Óscar Robayo, miembro del sindicato de guardianes del Inpec, en promedio un agente es responsable de la custodia de 100 reclusos, cifras que evidencian la peligrosa y frágil balanza de poder a la que se enfrentan estos funcionarios día a día.

El sistema carcelario colombiano vive con un hacinamiento mayor al 50% con tendencia de crecimiento exponencial.

“Con esta crisis no sólo se está vulnerando la integridad y la seguridad de nosotros los guardianes, se está violando la Constitución, porque se desdibuja la misión de la cárcel como instrumento del Estado. Las cárceles no pueden ser bodegas humanas, deben, por el contrario, ser sitios de resocialización, pero desafortunadamente es en eso en lo que se han convertido”, asegura Robayo.

La Procuraduría analizó el incremento de presos entre 1996 y el 2012: las cifras revelaron que en ese lapso de 15 años la población se triplicó (44.398 en 1996 vs. 116.848 en 2012), pero la infraestructura seguía casi que intacta con apenas 138 centros de reclusión en todo el territorio.

“Cuando las cárceles en Colombia triplican su capacidad, cuando el servicio médico es deplorable y cuando la alimentación es mala se genera violencia y problemas graves dentro de los centros de reclusión. Con nuestras denuncias siempre hemos querido evitar catástrofes como las que presenció Brasil hace pocos meses o las que se veían en Colombia antes del 2003 con masacres y falta de control”.

Además de la crisis humanitaria, el sindicato denuncia que el gobierno ha incumplido en temas que en 2015 se pactaron sobre el régimen pensional y laboral de los guardianes. También manifestaron su queja por la criminalización de la que han sido objeto por parte del director de la institución, Brigadier General Jorge Luis Ramírez, quien ha amenazado a los funcionarios con investigaciones disciplinarias ante la Procuraduría.