Más de 160 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo en 2018, una media de tres a la semana, según un informe de la ONG Globlal Witness que sitúa a Filipinas, Colombia, India y Brasil como los países más peligrosos para ejercer un tipo de activismo enfrentado a grupos de poder tanto políticos como empresariales.

En concreto, los investigadores han confirmado 164 casos de muerte, 40 de ellos vinculados a fuerzas de seguridad estatales. Una cifra similar correspondería a actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes, según el informe publicado este martes.

Filipinas, con 30 asesinatos, encabeza la lista negra por delante de Colombia (24), India (23) y Brasil (20), aunque por regiones América Latina sigue siendo la más mortífera al registrar más de la mitad de los asesinatos a nivel global, una tónica que se repite desde que Global Witness comenzó a publicar datos en el año 2012. Guatemala es el país que registra un mayor aumento: 16 asesinatos, cinco veces más que en 2017.

Parte de los ataques figuran vinculados a proyectos hidroeléctricos, agroindustriales y madereros, aunque es la minería el sector más mortífero para quienes se oponen a ella, con 43 asesinatos. Global Witness ha advertido, no obstante, de un aumento de los casos vinculados a la protección de las fuentes de agua, que han pasado de cuatro a 17.

La ONG ha señalado que la falta de documentación e investigación de este tipo de casos complica la elaboración de este tipo de investigaciones, hasta el punto de que teme que la cifra real de víctimas «probablemente fue mucho mayor» a la que refleja el estudio. A ellas se sumarían «incontables» activistas arrestados, amenazados de muerte, juzgados o difamados.

Por primera vez, el informe examina la utilización abusiva de las leyes para criminalizar e intimidar a los defensores del medio ambiente y de las comunidades locales. Esta vertiente incluye el uso indebido de leyes creadas con la excusa de proteger la seguridad nacional y la elaboración de otras nuevas para controlar las manifestaciones o coartar la libertad de expresión.

Esta tendencia a la criminalización se estaría dando también en países «desarrollados» como Reino Unido o Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump ha cedido tierras indígenas a empresas de combustibles fósiles. En Reino Unido, tres manifestantes contra el ‘fracking’ fueron condenados a penas de prisión «draconianas».

Tendencia preocupante

Global Witness ha alertado de que la tendencia de persecución al activismo medioambiental «solo parece empeorar», con «señales desalentadoras» que anticipan un 2019 incluso peor que 2018. En este sentido, ha lamentado la voluntad del presidente de Brasil, Jair Bolsonero, de permitir la explotación de reservas indígenas.

La responsable de campañas de la organización, Alice Harrison, ha lamentado que el impulso a los movimientos ambientales en todo el mundo no haya logrado frenar «los ataques despiadados», a pesar de que el «colapso climático» hace más necesario que nunca trabajar en defensa del planeta frente a la «destrucción imprudente impuesta por ricos y poderosos».

«Es una ironía brutal que, si bien los sistemas judiciales rutinariamente permiten que los asesinos de personas defensoras caminen libres, también están siendo utilizados para calificar a las y los activistas como terroristas, espías o delincuentes peligrosos», ha añadido.