Un tribunal argentino inicio hoy un juicio contra el último dictador del país, Reynaldo Bignone, y otros ocho acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 20 personas durante el régimen que gobernó de 1976 a 1983.

Bignone, quien en anteriores juicios recibió cuatro condenas por delitos cometidos durante la última dictadura argentina, estuvo hoy sentado en el banquillo de los acusados junto con los exmilitares Santiago Riveros y Eugenio Guarañabens Perelló por los crímenes cometidos en la guarnición militar bonaerense de Campo de Mayo.

En ese cuartel funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención del gobierno de facto y además una maternidad ilegal por la que se creen que pasaron varias mujeres secuestradas y actualmente desaparecidas.

También están imputados en la causa los exmilitares Luis Sadí Pepa, Julio San Román, Hugo Castagno Monge y Carlos Eduardo Somoza y el antiguo oficial de inteligencia del Ejército Carlos del Señor Garzón y su esposa, María Francisca Morillo, acusados por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis Ovando, cuya identidad fue restituida en 2008, precisaron fuentes judiciales.

«En el juicio oral hay casos de embarazadas que han sido secuestradas y desaparecidas y sus hijos, apropiados», explicó el abogado querellante por parte del Estado, Ciro Anicchiarico, a Radio Nacional.

El letrado de la Secretaría argentina de Derechos Humanos indicó que por la guarnición de Campo de Mayo «pasaron más de cinco mil víctimas y hubo una maternidad clandestina», aunque dijo que no hay datos precisos sobre el número de nacimientos allí registrados.

En el marco del juicio que llevarán adelante los magistrados Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone también se ventilará el crimen de dos jóvenes de 19 y 20 años que fueron capturados durante la dictadura mientras repartían volantes con contenido político.

«Este juicio significa abrir heridas, limpiarlas y aliviarlas, y también es una manera de honrar y hacer presentes a mis padres», dijo Sanctis Ovando a la agencia estatal Télam.

Por su parte, Alba Lanzilotto, hermana de Ana María, quien desapareció en 1976 cuando estaba embarazada de ocho meses, deseó que «se los condene a todos por el daño que han hecho al país».

«Tengo la esperanza de que este juicio sirva para que mi sobrino o sobrina y los casi 400 (niños apropiados) que faltan, reflexionen y sientan la necesidad de saber la verdad y de salir de ese mundo de mentiras», sostuvo Lanzilotto, miembro de Abuelas de Plaza de Mayo.

El último dictador argentino (1982-1983), quien negoció la transición a la democracia tras firmar una Ley de Amnistía luego anulada y ordenar la destrucción de toda la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos, es juzgado por el robo de bebés durante el régimen, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según cifras del Gobierno y entidades humanitarias.

Bignone, de 84 años, ya fue condenado en 2010 y en 2011 a 25 años de prisión por delitos cometidos en Campo de Mayo, mientras que en diciembre pasado sumó su tercera condena al ser sentenciado a 15 años de cárcel por crímenes perpetrados en un centro clandestino de detención que funcionó dentro del hospital público Posadas, a las afueras de Buenos Aires.

En julio pasado recibió otra condena de 15 años de prisión por el robo sistemático de bebés durante la dictadura, histórico proceso en el que el exdictador Jorge Rafael Videla (1976-1981) recibió una sentencia a 50 años de cárcel.