El presidente Juan Manuel Santos propuso este martes a la Misión Electoral Especial evaluar la posibilidad de que las campañas políticas tengan financiamiento ciento por ciento estatal. La iniciativa del mandatario fue expuesta en la Casa de Nariño precisamente durante la instalación de la Misión, un organismo previsto en los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc y cuyo objetivo es modernizar y hacer más transparente el sistema electoral.

La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, le dijo a Confidencial Colombia que el propósito de la iniciativa en principio es loable porque “si quisiéramos renovar la política con gente joven que apenas arranca necesitaría financiación pública para no depender de contratistas ni de cacaos”.

Para la congresista debería haber una reforma política y electoral integral. “Es prácticamente imposible que el Estado financie las campañas si no se elimina el voto preferente y hay listas únicas, cerradas por partido”. Pero hay un problema mayor, dice, y es que en Colombia no hay un concepto de ciudadanía pues la mayoría de nacionales no vota, “y el voto libre es el arma más importante para derrotar a los corruptos porque la gente que se elige con clientelismo llega a esos cargos con cifras irrisorias”.

Por su parte, Sandra Martínez, Coordinadora del Programa Transparencia en la Política en la organización Transparencia por Colombia, considera que “pensar en un sistema que se financien las campañas 100% con recursos públicos es, en la práctica, casi imposible”.

La experta afirma que Colombia no está lista para tomar una decisión de ese tipo, entre otras razones, porque no existe un estudio claro y objetivo que brinde una cifra categórica sobre cuánto cuestan realmente las campañas, entonces la primera incógnita razonable que se plantea es ¿cuántos recursos tendríamos que destinar para suplir esas necesidades? Además, reconoce que actualmente la gran mayoría de campañas electorales se eligen en un 90% con recursos privados, por lo que tendría que haber un cambio sustancial en la ingeniería electoral.

“Tú necesitas la plata para hacer campaña, cuando empieza la campaña, no un día después de las elecciones. En este momento el anticipo que entrega el Estado es menos del 1% de toda la plata que obtienen” el resto, dice, se reúne de fuentes privadas que se van entregando a partir de reposición de gastos por votos.

En la eventual aprobación de la iniciativa Colombia tendría que ajustar su legislación electoral dando un giro de 180 grados. “Si el Estado quiere hacerse cargo de las campañas electorales con recursos públicos deberá agilizar el proceso en la entrega los mismos, revisando las reglas. No se trata de entregar plata a la ligera, pero tampoco se trata de evitar que como las reglas son tan complejas, sólo sean unos cuantos los que puedan acceder a esos dineros”.

Martínez toca un punto importante en el que la propuesta del primer mandatario se quedaría corta. Resalta el hecho que la Constitución contempla el aporte voluntario como un derecho de participación política de los particulares.

Es importante resaltar también que la transformación del sistema de financiación electoral implicaría abrir otros “boquetes de los que no nos hemos percatado; por ejemplo, qué tan neutral podría ser este u otro gobierno en la entrega de esos recursos. Si estuviéramos hablando de esa iniciativa en un escenario utópico, sería ideal, pero no podemos desconocer el devenir histórico de Colombia en el tema electoral ni tampoco ignorar el contexto”.

La organización Transparencia por Colombia hace varias recomendaciones de cara a las elecciones del 2018. La principal es que se mantenga un sistema de financiamiento mixto en el que la fuente mayor sea pública y en menor medida intervenciones de particulares; por lo que debe haber un mayor control y seguimiento, para lo que se tendrá que hacer un cruce de información estricto durante la campaña y no posterior, como sucede actualmente. Finalmente, tendría que haber un control desde la ciudadanía.