Un total de 357 defensores de los derechos humanos fueron objeto de agresiones individuales en Colombia en 2012, una cifra que supone un aumento del 49 % respecto al año anterior, cuando hubo 239 afectados por la violencia, según el informe del Programa Somos Defensores.

El 2012 fue en Colombia un año agitado: inició el proceso de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el gobierno, entró en vigor la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se aprobó el fuero militar y creció el rechazo a la política estatal de explotación energética.

Esto motivó que «las organizaciones de la sociedad civil colombiana se dieran a la tarea de denunciar y visibilizar con mayor ahínco y fuerza», según expuso este colectivo de organizaciones no gubernamentales colombianas en su documento anual «El efecto placebo», al que Efe tuvo acceso.

El título del informe refleja que las medidas de protección desplegadas por el Estado en 2012 «no han mejorado las condiciones para ejercer la labor en el país» porque no se ha atacado el problema desde la raíz, que a su juicio pasa por investigar más y mejor y acabar con la impunidad, la corrupción y la estigmatización.

«En promedio, cada 5 días fue asesinado un defensor y cada 20 horas fue agredido uno de ellos en 2012», agregó el documento al especificar que hubo 202 amenazas, 69 asesinatos, 26 detenciones arbitrarias, 5 desapariciones, 1 caso de violencia sexual, 1 hurto de información y otro de uso arbitrario del sistema penal.

De los asesinados, 63 eran hombres y 6, mujeres, y los más perseguidos fueron los representantes indígenas, comunales y campesinos, con un preocupante repunte de los homicidios de líderes juveniles y culturales, que este año afectó a 35 personas, sobre todo en la región de Antioquia (noroeste).

En Antioquia, cuya capital es la ciudad de Medellín, los agresores identificaron como «objetivo principal a líderes comunales (6 asesinados) y líderes de procesos juveniles o culturales (9 fallecidos)».

Las amenazas de muerte de los llamados «combos» o bandas obligó a 65 líderes juveniles y culturales, en su mayoría grafiteros y raperos, a abandonar la Comuna 13 de Medellín en menos de 5 días. «Con este hecho se configuró el desplazamiento masivo de líderes más grande de nuestra historia reciente», remarcó el documento.

El informe resaltó también la delicada situación en el departamento del Cauca, en el suroeste del país, convertido en uno de los focos del conflicto en 2012 al congregar numerosas unidades de las Fuerzas Militares, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y una población civil de mayoría campesina e indígena destinada a vivir entre el fuego cruzado.

El riesgo de los defensores en ese departamento se extiende a los vecinos Nariño, Valle del Cauca y Chocó, todos en el Pacífico colombiano.

También hacen un llamado especial con lo ocurrido en Bogotá, donde cinco defensores fueron asesinados en 2012 y uno más está desaparecido, al parecer por denunciar casos de usurpación de tierras y microtráfico de drogas en barrios del sur de la capital.

Por demás, el documento señala que los mayores responsables de los asesinatos registrados en 2012, fueron las guerrillas con 11 casos, mientras que los paramilitares lo serían de 9, «desconocidos» 47 y un caso la fuerza pública.

Los dos meses con mayor número de agresiones en 2012 fueron octubre (51) y noviembre (43), hecho que «llama la atención» según el informe, pues coinciden con los primeros momentos del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Entre sus conclusiones, el informe destaca que la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoria del Pueblo «siguen con una deuda grande en su labor de apoyar las políticas de prevención y protección a líderes y defensores de manera integral».

Y critican que el Estado concentre su atención en medidas materiales e individuales de protección, pero deje de lado «la protección colectiva y política», que se tradujo en que 120 organizaciones sociales y de DD.HH. hayan sido víctimas de algún tipo de agresión.