La decisión se tomó después del proceso iniciado como consecuencia de la compulsa de copias que se hizo por parte de la entonces Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, hoy Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, de la versión libre rendida por el postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza, conocido con los alias de Pedro Bonito o Pedro Ponte, excomandante del extinto Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Mediante resolución proferida por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, se declara como delito de Lesa Humanidad la conducta punible de concierto para delinquir agravado. Esta providencia se emite en un caso de financiación voluntaria de terceros al grupo paramilitar conocido como Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

En la versión libre, alias ‘Pedro Bonito’ hizo señalamientos directos y revela nombres de empresarios bananeros de la zona de Urabá que presuntamente financiaron el grupo paramilitar entre los años 1996 y 2004.

Los bananeros de la época, al parecer, aportaron para el sostenimiento del grupo paramilitar una importante suma de dinero que terminó llegando a manos de los armados ilegales a través de las denominadas Convivir, cuando estas eran legales, y posteriormente de cooperativas de seguridad.

Las manifestaciones del excomandante paramilitar son ratificadas por otros exintegrantes de la agrupación armada al margen de la ley, entre ellos Hebert Veloza, alias HH, y por varios precedentes judiciales.

«Uno de los hechos que se destaca corresponde al sucedido el día 07 de noviembre de 2001, cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, la cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña”, señaló Carlos Villamil, director de justicia Transicional.

La conducta en la que presuntamente incurrieron los empresarios del banano los llevaría a responder por los delitos de: concierto para delinquir, “si bien en esta resolución no se analiza en particular responsabilidad de ninguna persona, se establece que el empresariado bananero, financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio o el método utilizado”, agregó el fiscal.

La Fiscalía también advirtió que se revisa el financiamiento a grupos armados al margen de la ley, como las FARC, EPL, ELN.