El magnate George Soros, un controvertido empresario dueño de la compañía Open Society Foundations y que sobrevivió al Holocausto nazi, fue quien financió la polémica ley ratificada en el Congreso uruguayo de legalizar la producción y comercialización del cannabis.

La legalización del marihuana en Uruguay, medida que impone al país como el primero en el mundo en ratificar este tipo de leyes, no solo fue impulsada por el presidente uruguayo José Mujica y sus ramas ejecutivas, si no que fue financiada por un excéntrico empresario que dispuso de 60mil dólares de los 100mil invertidos en la campaña.

Según informa la BBC Mundo, George Soros, un controvertido magnate húngaro-estadounidense de 83 años y su empresa Open Society Foundations, fue quien impulsó la iniciativa en función de cambiar la estrategia obre la producción y comercialización de la marihuana en Uruguay, siguiendo un modelo analizado desde Estados Unidos.

Soros es un inversionista, especulador y filántropo con una trayectoria política y económica aplicada en varias nacionalidades, generalmente en apoyo a regímenes liberales. Sobrevivió a la época de la Alemania nazi en 1944 cuando su padre y abogado judío, Tivadar Soros, organizó un complejo esquema para ocultar la identidad de toda su familia para escapar del Holocausto.

Adicionalmente apoyó el movimiento Solidaridad en Polonia, financió la Revolución de la Rosas en Georgia, invirtió una millonaria suma para impedir que el expresidente George W.Bush ganase en las elecciones presidenciales del 2004 y fundó el Open Society Institute, Instituto de la Sociedad Abierta, entidad a cargo de las finanzas del proyecto de la marihuana instalado en Uruguay.

A pesar de que la reforma implantada por el presidente Mujica desató numerosas críticas que vienen incluso desde Naciones Unidas por el rompimiento de los tratados internacionales concebidos en la Centro de Estupefacientes de la ONU, el mandatario junto con Soros, lograron implantar a la marihuana como un modelo socio económico para luchar contra el narcotráfico.

Este consiste en legalizar la cosecha, producción, venta y consumo del cannabis a través del control del Estado, es decir que el Gobierno será el encargado de regular el tráfico de drogas con el fin de que este obtenga control total sobre el mercado y no los narcotraficantes.