Izq: Yamina Pestana, senadora del Partido Conservador. Der: Tatiana Cabello, representante a la Cámara del Centro Democrático.

La Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a dos congresistas por posibles hechos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.

El lío judicial de Yamina Pestana

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la senadora Yamina del Carmen Pestana Rojas por presuntas irregularidades en la campaña electoral de 2014.

Dentro de la investigación que adelanta el Grupo de Trabajo de Salud de la Fiscalía por posible corrupción en Ela PS y la IPS indígena Manexka, con sede en el municipio de San Andrés de Sotavento y otras poblaciones de Córdoba, el ente acusador recopiló testimonios que ponen al descubierto la presunta desviación de recursos públicos con el fin de financiar la campaña de Pestana Rojas para llegar al Senado de la República.

La EPS Manexka fue creada hace cerca de 19 años, con la misión de administrar los recursos de la salud del resguardo indígena Zenú en los departamentos de Córdoba y Sucre y ha sido objeto de investigaciones por múltiples irregularidades que van desde recobros por supuestos servicios prestados, hasta vínculos con grupos paramilitares.

Según las pruebas recaudadas el detrimento podría ascender a más de siete mil millones de pesos.

Presuntas exigencias económicas enredan a una congresista del Centro Democrático

La Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la representante a la Cámara por Bogotá, Tatiana Cabello Flórez, por presuntos hechos de corrupción.

La investigación se inició cuando el pasado 12 de septiembre la directora del partido Centro Democrático acudió a la Fiscalía con el fin de que se investigara la denuncia presentada por una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista, en donde se afirma que a algunos miembros de la UTL les cobraba parte de su sueldo como condición para continuar laborando en esa entidad.

En el curso de dicho proceso se obtuvo un testimonio que indica que la representante habría recibido dineros relacionados con el trámite de un proyecto de ley, motivo por el cual también se informó de este hecho a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la respectiva compulsa.

La Fiscalía remitió todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que tenía en su poder.