La Comisión Europea ha dado plenos poderes al Banco Central Europeo (BCE) para actuar como supervisor bancario de todos los bancos de la eurozona, un primer paso hacia una unión bancaria.
La Comisión Europea ha dado plenos poderes al Banco Central Europeo (BCE) para actuar como supervisor bancario de todos los bancos de la eurozona, un primer paso hacia una unión bancaria, que topa con la resistencia de Alemania y que augura una complicada negociación entre los países.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, presentó hoy ante el pleno del Parlamento Europeo y en el debate sobre el estado de la Unión, una regulación para que el BCE tenga la última palabra en decisiones clave para velar por la estabilidad financiera en la eurozona y supervisar a los 6.000 bancos.
Queda en manos de los reguladores nacionales la vigilancia diaria, mientras que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) se reserva el diseño de los estándares técnicos, de las directrices y de las recomendaciones para la zona del euro y el conjunto de la UE.
Es “un primer paso crucial” hacia la unión bancaria, afirmó Durao Barroso, que aseguró que con la creación del mecanismo “se restaurará la confianza en la supervisión de bancos en la zona del euro”, mermada tras los multimillonarios rescates públicos en diferentes países de la Unión Europea (UE).
En la cumbre europea de junio se acordó que la creación de un supervisor bancario único es un requisito previo para poner en marcha la recapitalización directa de la banca en Europa.
Mientras la propuesta ha sido recibida de forma positiva por la mayor parte de las capitales de la eurozona y la Eurocámara, Alemania reiteró su oposición a que el BCE supervise toda la banca.
Para el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, la iniciativa “es una buena base”, si bien exigió que prime la “calidad sobre la cantidad” en esos controles y recalcó que “por razones prácticas, no es imaginable que el BCE pueda a corto plazo asumir adecuadamente el control de 6.000 bancos”.
Por su parte, Barroso subrayó que la crisis ha demostrado que “el riesgo sistémico puede estar en cualquier lugar” y en cualquier banco, no solo en los considerados demasiados grandes como para dejarlos caer.
La tarea de supervisión del BCE estará claramente separada de la política monetaria -para lo que se establecerá un consejo de supervisión compuesto por un presidente y un vicepresidente, cuatro representantes de la institución y un miembro de cada uno de los supervisores nacionales- y se financiará con tasas de los bancos.
El mecanismo entrará en vigor por fases el 1 de enero de 2013: en una primera etapa controlará los bancos que hayan recibido o pedido ayudas públicas, mientras que a partir del 1 de julio lo serán los que pueden ocasionar una situación de riesgo sistémico y, comenzando el uno de enero de 2014, las 6.000 entidades de la zona del euro.
Los diez Estados miembros que no forman parte de la zona euro pueden a unirse a la iniciativa si lo desean.
La Comisión también ha tenido que encontrar un compromiso en la EBA para no herir las sensibilidades de Londres, siempre reticente a aceptar nuevas regulaciones que pudieran afectar a la City.
Se cambiará el sistema de votación porque actualmente la eurozona tiene mayoría simple en el consejo de supervisores.
El BCE tendrá que coordinar y expresar la posición de la eurozona y para cuando se tomen decisiones sobre el incumplimiento de leyes o mediaciones vinculantes, se creará un panel independiente con el presidente del consejo supervisor y un representante de un país que participa en el mecanismo y de uno que no se ha sumado.
Las decisiones serán adoptadas -salvo que se oponga una mayoría simple- con al menos tres votos de fuera y dentro del mecanismo.
El BCE podrá autorizar y retirar, tras una propuesta de la autoridad nacional, licencias; “evaluar” la adquisición y venta de participaciones significativas en bancos o efectuar pruebas de resistencia y exigir niveles de capital.
También podrá llevar a cabo investigaciones, inspecciones e imponer sanciones hasta el doble de las ganancias obtenidas o pérdidas evitadas por la violación o hasta el 10 % de la facturación anual.
Además, tendrá poderes de intervención temprana para bancos en riesgo, pero coordinará cierres con los reguladores nacionales.
Los reguladores nacionales por su parte retendrán la vigilancia diaria, decidirán sobre el establecimiento de un banco y la prestación de servicios, la protección del consumidor y los servicios de pago, entre otras labores.
