Sobre el tema de las «chuzadas» por una unidad de inteligencia militar a los negociadores del gobierno en La Habana y a otros ciudadanos, obviamente sin una orden judicial, es interesante hacer algunas reflexiones que ayuden a entender la complejidad del tema de la inteligencia en una sociedad democrática.

La inteligencia hace referencia a una actividad, altamente especializada, de carácter anticipatorio –por lo cual no se puede confundir con la investigación de delitos ya cometidos-, que pretende recolectar información –de manera abierta o reservada y acudiendo a medios técnicos o humanos-, procesarla, contextualizarla y analizarla, de tal manera que la misma sea de utilidad para la toma de decisiones por parte de los gobernantes o de los organismos competentes que se ocupan de velar por la seguridad del Estado. Pero también es vital en la actividad de inteligencia el manejo de la reserva de tal manera que los potenciales enemigos no se enteren de lo que conocemos acerca de ellos. Para ello se utilizan frecuentemente las llamadas «fachadas» a través de las cuales se mimetiza la operación de una unidad de inteligencia. Por supuesto la actividad de inteligencia no es exclusiva de los Estados, igualmente la utilizan grupos no estatales –legales o ilegales- y otros actores de tipo empresarial y privado.

La actividad de inteligencia normalmente se hace en respuesta a lo que se considera en cada momento y por parte de cada Estado, como los riesgos y amenazas y es a las mismas que se busca neutralizar o eliminar. Ahora bien, la inteligencia no debe ser una actividad ni politizada –a favor de un bando partidista en una sociedad-, ni ideologizada, de tal manera que simplemente se convierta en un elemento para reafirmar las decisiones tomadas por el gobernante o las elites en el poder, por cuanto pierde su valor como herramienta para una buena toma de decisiones.

Hay que diferenciar la inteligencia estratégica, que tiene como objetivo contrarrestar las amenazas a la estabilidad y seguridad del Estado y la Sociedad en su conjunto, de aquella actividad de inteligencia que tiene como objetivo contrarrestar otras actividades delincuenciales y que generalmente es responsabilidad de la institución policial.

Igualmente es necesario anotar que no siempre la actividad de inteligencia se transforma en operaciones policiales o militares –en ocasiones se busca dar respuestas estratégicas de mediano plazo y no en operativo de corto plazo-. Sin embargo, sí es importante destacar que la inteligencia en muchas ocasiones se transforma en operaciones que buscan neutralizar amenazas estratégicas o delitos de otra naturaleza y en esa medida se está hablando más de inteligencia táctica.

En relación con el papel de los servicios de inteligencia en una democracia, éstos deben actuar con transparencia y control por parte de la sociedad sin que esto signifique disminuir su eficacia. Igualmente es necesario reversar la tendencia histórica en algunas sociedades de militarizar los servicios de inteligencia.

Por las características propias de la actividad de Inteligencia (carácter reservado, manejo de fuentes de información y de recursos para ello, actividades eventuales de infiltración, etc.) y su importancia fundamental en una democracia es una de las funciones estatales que debe ser claramente controlada, sin que esto signifique limitar su capacidad de acción o volverla ineficaz.

Ahora bien, el control debe tener unos objetivos claros y ellos deben ser en primer lugar que su actuar se enmarca dentro de la Constitución y la Ley y en segundo lugar la pertenencia en sus actividades. Para ello es fundamental que existan dos herramientas básicas, sin las cuales estos controles no pueden operar: una «Ley de Inteligencia» que regule el funcionamiento de la actividad y «Planea Anuales Operativos» que permitan contrastar lo que se propone realizar con lo efectivamente desarrollado. Y efectivamente en el caso colombiano, allí tenemos vacíos importantes, porque pareciera que los controles existentes son insuficientes.