El Consejo de Estado revocó el Auto que ordenó la suspensión provisional del Decreto que autoriza la venta de las acciones de la Nación en Isagen. La Sección Cuarta, con ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz, explicó que el demandante no aportó las pruebas que permitieran sustentar la necesidad de conceder las medidas cautelares.

De esta manera se vuelve a dar luz verde para que el Gobierno pueda vender su participación en la compañía, tal como lo tenía previsto.

La Sala señala que en el recurso de súplica se aportaron pruebas que sustentan la inconveniencia de la suspensión. Entre otras, se demostró que el Ministerio de Hacienda cumplió con los trámites y procedimientos exigidos por la ley para la expedición del Decreto 1609, que autorizó la venta.

Así mismo, señala que la Sala encuentra que en las pruebas aportadas por el Ministerio de Hacienda, existen los estudios de valoración de las acciones de Isagen y se explican las variables y métodos a partir de los cuales se realizó dicha valoración, por lo tanto no se encuentra probada la vulneración a la que hace referencia el demandante en este punto.

Las medidas cautelares habían sido solicitadas por el demandante con el argumento de evitar un detrimento patrimonial al Estado que se ocasionaría con la venta de Isagen.

La decisión del alto tribunal provocó una reacción en el precio de la acción de Isagen que registró un aumento al cierre de la jornada bursátil.

En lo que tiene que ver con la afirmación del demandante, según la cual no es posible trasladar bienes del patrimonio público al patrimonio privado, la Sala advierte que el artículo 60 de la Constitución Política, contrario a lo afirmado por el demandante, establece la posibilidad de privatizar la propiedad del Estado.

Así, según el artículo mencionado cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria.

Al tiempo se conoció una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio según la cual condicionó la integración entre la Empresa de Energía de Bogotá e Isagen a la eliminación de varios de los derechos políticos que la primera tiene en Emgesa S.A. y Codensa S.A. y a la desinversión de ciertos intereses económicos que tiene en el mercado de energía eléctrica.

Para la Superindustria es claro que una operación de este tamaño e importancia, sin el cumplimiento de condiciones previas mínimas, derivaría en un aumento de precios en el mercado de generación de energía eléctrica, en perjuicio de los hogares y de las empresas colombianas.

Los condicionamientos ordenados buscan aislar o eliminar el efecto anticompetitivo que produciría la integración propuesta e implementan medidas de carácter estructural que aseguran el funcionamiento adecuado del mecanismo de precios en el mercado de energía colombiano.

En caso de que la EEB adquiera a Isagen S.A. E.S.P. e incumpla alguno de los condicionamientos exigidos, la SIC impondrá multas hasta de $61.600.000.000 para la sociedad y de hasta $1.232.000.000 para las personas naturales que infrinjan el cumplimiento de los condicionamientos.

La Superintendencia de Industria y Comercio mantendrá la confidencialidad del condicionamiento hasta la fecha en que las acciones de Isagen sean adjudicadas al futuro comprador o se agote el trámite descrito en el reglamento de enajenación y adjudicación de acciones