El Gobierno de Cuba se encuentra entre la espada y la pared, tras la exigencia que hizo en las últimas horas el presidente de Colombia, Iván Duque, de capturar y extraditar a los negociadores del ELN que permanecen en la isla.

La exigencia de Duque se produjo como respuesta del Gobierno de Colombia al atentado terrorista con carro bomba que cobró la vida a 20 jóvenes cadetes de la Policía, el cual fue reivindicado por el ELN este lunes.

Tras conocer la petición, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel fue claro en manifestar que se basarán en el protocolo que el equipo negociador de Juan Manuel Santos, a nombre del Estado colombiano, firmó con los negociadores del ELN en abril de 2016. En dicho protocolo se establecieron las acciones a desarrollar en caso de que se diera una ruptura de los diálogos, como en este caso.

Sin embargo, el Gobierno de Iván Duque ha sido tajante en manifestar que no acepta dicho protocolo, porque nunca envío delegados a la mesa de diálogos en La Habana. Además, insta a Cuba a acatar a acatar el llamado que ha hecho Naciones Unidas en el mismo sentido de la exigencia que hizo Duque el pasado viernes.

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A propósito de este tema consultamos a Gabriel Clavijo, Magíster en estudios políticos y relaciones internacionales, y docente del Politécnico Grancolombiano y de la Universidad Militar

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Para Gabriel Clavijo, Magíster en estudios políticos y relaciones internacionales, y docente del Politécnico Grancolombiano y de la Universidad Militar; el Gobierno cubano hace bien en ceñirse al protocolo, porque así lo obliga su papel como país garante en el fallido proceso.

«Dentro del concepto del Derecho Internacional, Cuba debería seguir apoyando el proceso de paz como facilitador. Para entregar a las partes involucradas debería renunciar a su papel de garante y ahí si extraditar a la mesa de negociación, antes no», señala.

Al ser consultado sobre la posición adoptada por el Gobierno colombiano de desconocer el protocolo porque nunca estuvo en la Mesa de Diálogos, Clavijo considera que es un actitud irresponsable y va en contravía de la larga tradición que ha tenido el Estado de respetar el Derecho Internacional.

«Colombia ha tenido una larguísima tradición de respeto a la normatividad internacional (…) Eso sería más o menos, acatar lo que me conviene y no, lo que no me conviene, eso le resta seriedad a su imagen internacional», agrega.