Desde jueces federales hasta delegados internacionales de la ONU están tramitando desde sus investigaciones y sus investiduras contrarrestar el efecto Trump en este considerado su primer decreto antimigrantes. En una declaración conjunta, 16 de los 22 fiscales generales del Partido Demócrata de estados como California, Nueva York y Pennsilvania, dijeron que «utilizarían todas las herramientas posibles para luchar contra este orden inconstitucional» y que «trabajarían para que el menor número posible de personas sufra la caótica situación que ha creado”.

Tras las nuevas medidas de “vigilancia” que el presidente, Donald Trump aprobó mediante decretos que buscan prohibir el ingreso a territorio estadounidense de personas con origen o algún tipo de vínculo con siete países de mayoría musulmana durante 4 meses, y la prohibición indefinida para refugiados sirios. Sin lugar a dudas ha causado polémica y reacciones en todos los niveles de la política nacional e internacional.

Sudán, Irán, Irak, Libia, Siria, Yemen y Somalia, son los países a cuyos ciudadanos se les está negado el ingreso a EEUU, en los aeropuertos no solo del país sino también en las terminales aéreas más grandes del mundo, tales como: Pekín Capital Airport (China), Dubái International Airport (Emiratos Árabes), Tokio Haneda Airport (Japón), Londres Heathrow Airport (Reino Unido), entre otros.

Recordemos que Trump aseguró desde el Pentágono el pasado sábado que el objetivo es «mantener a los terroristas islámicos radicales fuera del país. Por eso voy a establecer nuevas medidas de vigilancia para mantener a los terroristas lejos. No los queremos aquí», señaló Trump.

Ante esta medida referida por muchos como un decreto xenófobo, al detener el ingreso de personas “considerados musulmanes terroristas». Por su puesto las protestas no se han hecho esperar tanto en las calles de estados unidos como en las embajadas del país en el mundo.

Paradójicamente, esta medida empezó tras recordar que «19 extranjeros asesinaron a cerca de 3.000 estadounidenses» el 11 de septiembre, pero no prohíbe la entrada de ciudadanos de Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, y Líbano, que son los países de los que procedían los autores de la masacre. Otros terroristas musulmanes que han protagonizado ataques masivos en EE.UU. en los últimos años eran afganos, pakistaníes, y rusos.

Gracias a las diferentes movilizaciones rechazando la nueva orden de Trump, el mismo magnate argumentó, «Esto no se trata de religión. Se trata del terror y de mantener a nuestro país seguro. Hay más de 40 países con mayoría musulmana que no se han visto afectados por esta orden», escribió en su popular cuenta de Twitter.

Sin embargo, matizó su orden argumentando, «Volveremos a emitir visados ​​a todos los países una vez que estemos seguros de que hemos revisado e implementado políticas más seguras durante los próximos 90 días», agregó.

Por otra parte, En una declaración conjunta, 16 de los 22 fiscales generales del Partido Demócrata de estados como California, Nueva York y Pennsilvania, dijeron que «utilizarían todas las herramientas posibles para luchar contra este orden inconstitucional» y que «trabajarían para que el menor número posible de personas sufra la caótica situación que ha creado”.

la jueza federal Ann Donnelly, en Nueva York, falló en contra de la expulsión de EE.UU. de personas con solicitudes de refugio aprobadas, visas válidas y «otras personas legalmente autorizadas para ingresar a EE.UU.» Por tal gestión, dos ciudadanos iraquíes que habían trabajado con el ejército de EE.UU. fueron liberados en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York.

En Boston, otro juez decidió que dos ciudadanos iraníes, ambos profesores universitarios, sean puestos en libertad en el aeropuerto internacional de Logan.

Una orden dictada en Virginia prohibió durante siete días la deportación de titulares de green cards en el aeropuerto de Dulles y ordenó a las autoridades que permitieran el acceso a sus abogados.

Asimismo, Margaritis Schinas, portavoz en jefe de la Comisión Europea, ha asegurado que «desde el punto de vista legal, la Comisión Europea tomará todas las medidas necesarias para analizar esas órdenes ejecutivas y cómo son implementadas para ver qué impacto pueden tener en ciudadanos europeos, que todavía no está muy claro»

La ONU, por su parte, ha asegurado que el veto de Trump es «ilegal» y «malvado», en palabras del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein.