En los alrededores de Tibú, en veredas nombradas por las instalaciones de Ecopetrol, como “Campo 2” o “J10”, los líderes de los más de 14 mil campesinos que se hallan en paro desde hace cerca de 20 días, se reúnen entre dos y tres veces diarias para discutir los avances de la movilización.

El calor constante, la tensión creciente y la conciencia de que el proceso campesino del Catatumbo tiene que derivar en un cambio profundo en las condiciones de vida en la región; son el leit motiv diario. Mientras que la mayor parte de los 200 presidentes de Junta de Acción Comunal que componen la dirigencia del paro conocen a fondo lo que ellos mismos han llamado “La Biblia”, un documento de cerca de 600 páginas que recoge el plan de desarrollo del Catatumbo, los 4 negociadores del Gobierno Nacional, encabezados por Luis Eduardo Garzón, no han leído ni conocen el pliego de peticiones del campesinado, compuesto por 10 puntos.

Esa condición de desconocimiento del interlocutor por parte del establecimiento ha derivado en que la mesa de dialogo se haya interrumpido más dos veces. En un primer momento, la fuerza pública, en cabeza de el General Marcolino Tamayo, comandante de la fuerza Vulcano y el General Rodolfo Palomino, de la Policía Nacional llegaron a Tibú para instalar la mesa de negociación. El rechazo de los campesinos a la presencia de los uniformados llevó a que se interrumpiera la mesa en la que se iba a discutir la metodología a seguir en la concertación.

La última vez que dialogaron los campesinos con una comisión del gobierno central, fue el pasado viernes 28 de junio, sin embargo no se logró llegar a un acuerdo debido a que los ofrecimientos del establecimiento no reflejan una verdadera solución a la crisis humanitaria y económica de la región.

Los campesinos exigen que se formalice la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo que tiene una extensión de 339 mil héctareas y que comprende 7 municipios, el gobierno, por su parte, exige un proceso de consulta previa con los indígenas de la región. Dos posiciones contradictorias, una de ellas amparada en la ley; la del campesinado. Con esa propuesta del gobierno nacional se está desconociendo la Ley 160 de 1994 que regula y norma sobre las Zonas de Reserva Campesina.

Mientras los campesinos piden que se discuta el Plan de Desarrollo para el Catatumbo, el Estado les ofrece 8 millones de pesos anuales, cifra que arroja cerca de 210 mil pesos por familia al mes. Cifra exigua teniendo en cuenta que en la región lo único que genera ingresos reales es el contrabando en la frontera con Venezuela y los cultivos ilícitos que han encontrado en la región un terreno fértil para ir creciendo como actividades comerciales.

La discusión sobre las alternativas a los cultivos ilícitos es uno de los puntos centrales de la negociación ya que se opone frontalmente a dos ejes centrales del gobierno: El Plan Consolidación que se apoya en la Fuerza de Tarea Vulcano y en la erradicación de los cultivos ilícitos, sin que se hable en ningún momento, de sustitución.

Estas dos situaciones han generado una crisis humanitaria que se ha agudizado con el asesinato de 4 campesinos por parte de la fuerza pública en las inmediaciones de Ocaña en días pasados, durante una manifestación.

El miedo y la hostilidad hacia la fuerza pública son notorias y crecientes. Las barricadas hacen parte del paisaje de la vía entre Cucutá y Tibú. Las duras condiciones de vida hacen que, contrario a lo que se podía pensar, los ánimos por resistir se mantengan y aumenten cada día que pasa.

El Presidente Santos anuncia que los líderes campesinos están invitados a Bogotá para reunirse con él y algunos ministros para discutir la situación de paro; los líderes campesinos ni siquiera han sido notificados de esa invitación. Un hecho que demuestra la dinámica constante alrededor de la movilización actual en el Catatumbo: El campesinado organizado espera una respuesta seria y propuestas de fondo, el gobierno nacional da bastonazos de ciego, llegando a actuar en contra de la ley.