A dos días de la celebración del Día Internacional de la Mujer la Defensoría del Pueblo emitió un informe en donde detalla los factores de riesgo que tienen las mujeres rurales en medio de la violencia armada en los departamentos de Córdoba, Caquetá, Chocó y Santander.

La violencia contra la mujer no cesa; en el 2014 fueron asesinadas 1.106 mujeres en el país, 307 de ellas pertenecían a zonas rurales; se produjeron 16.088 delitos sexuales contra mujeres, 1.558 de esos delitos se presentaron en sectores poblados y áreas rurales; según la Policía Nacional, durante el año pasado 6.491 mujeres fueron blanco de amenazas, 706 de ellas en el campo.

El Ente manifiesta que las dinámicas rurales que generar el conflicto “constituyen una variable de primer orden en contra de los derechos de las mujeres», sin embargo, los problemas como la pobreza, la iniquidad, la exclusión laboral, las barreras de bienes y servicios se siguen imponiendo.

Estas dinámicas generadas por la guerra y que afectan directamente a la mujer del campo están relacionadas, según la Defensoría, con fenómenos como: La minería ilegal asociada a la explotación sexual de mujeres y niñas; las economías ligadas al narcotráfico; la explotación indiscriminada de hidrocarburos que arrasa con la propiedad territorial y la persecución a las lideresas en los procesos de restitución de tierras.

En el departamento de Córdoba, por ejemplo, se refleja la necesidad de la población femenina de retornar a sus resguardos como al Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande, Iwagado y Quebrada Cañaveral. Allí la Defensoría comprobó como grupos posdesmovilizados “mantienen estrategias de despojo y concentración de tierras, a la vez que amenazan y en algunos casos atentan contra las mujeres que encabezan los procesos de restitución, hechos que sumados a la informalidad jurídica que ronda los títulos de propiedad, impide el ejercicio de los derechos”.

Del otro lado, en el Chocó la problemática se deriva de la minería ilegal, en donde las principales víctimas son las mujeres y niñas que son explotan sexualmente; además, muchos de los casos son conocidos por sus familiares más cercanos, pero por amenazas y temores que afecten su integridad física prefieren callar.

A esta problemática se une “la circulación de estupefacientes alrededor de estos lugares, la destrucción de la capa vegetal y la contaminación de las fuentes de agua”.

La población femenina que se encuentra en el departamento del Caquetá, principalmente, son afectadas por las minas antipersonal no permitiendo movilizarse con libertad por sus terrenos. Esta región tiene una influencia guerrillera y su principal economía son cultivos de coca.

Por último está el departamento de Santander. La Defensoría señala que “la explotación creciente de hidrocarburos y el acaparamiento de tierras a partir de la compra a adjudicatarios baldíos, el despojo y desplazamiento de comunidades, así como el fortalecimiento de un mercado informal de terrenos para abrirle espacio a esa actividad de explotación, el mayor atropello contras las mujeres que habitan los espacios rurales en el Magdalena Medio”.

La Defensoría del Pueblo, emitió recomendaciones a todos los entes territoriales para que se mitigue y se proteja a la mujer de la violencia armada.

-Incluir, durante la última fase del Censo Nacional Agropecuario, encuestas especializadas que permitan identificar las condiciones de las mujeres rurales respecto a la propiedad y tenencia de la tierra.

-Fomentar el fortalecimiento del programa de promoción de sedes seguras para las organizaciones de mujeres en las zonas rurales.

-Reglamentar y consolidar la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión sobre las políticas de desarrollo rural.

-Y revisar e implementar las medidas de protección necesarias, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados, para garantizar el derecho a la vida e integridad de las mujeres rurales, así como sus demás derechos.