Dos directrices policiales que intentan limitar la toma de fotografías, una en Los Ángeles y la otra en Chile, han generado revuelo en el mundo del fotoperiodismo y de la prensa entera, por extensión. Una nueva amenaza a la libertad de prensa y de expresión.

El pasado 16 de agosto el jefe de la policía de Los Ángeles, California, Charlie Beck declaró que «Tomar fotografías o videos de edificios, infraestructuras o sitios protegidos en una forma que genere sospecha razonable en una persona«. Con esa declaración el jefe de la las fuerzas policiales de la capital del soleado estado de California condenó la actividad de cualquier persona que se dedique a transformar la luz en imágenes.

Cualquier fotografía que sea considerada sospechosa generará una alerta roja en el reporte de actividad sospechosa o SAR (Suspicious Activity Report) por sus siglas en inglés. A pesar de que la actividad fotográfica está garantizada en la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, se puede considerar que un testimonio que considere la toma de fotografías como un acto susceptible de terrorismo, generará la alerta roja.

Esa declaración ha sido rechazada por varios sectores de la prensa estadounidense y ha generado malestar en los sectores del fotoperiodismo de Estados Unidos. Sn embargo, esta directriz no es exclusiva de la policía angelina, el cuerpo de carabineros de Chile considera que el registro fotográfico o fílmico de las actividades policiales en el marco de las movilizaciones sociales que se viven en el país suramericano, es algo sospechoso. El argumento central de la sospecha es que el registro de las acciones de la fuerza de policía chilena puede servir para estudiar sus movimientos y estrategias con fines de contrainteligencia.

Estas dos posiciones de dos cuerpos de policía dan cuenta de la amenaza que está viviendo la libertad de prensa y de expresión en el mundo, en una época signada por innumerables movilizaciones políticas de origen social.