Con solo cuatro meses en el cargo, ya son varios los problemas que enfrenta la gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas. La mayoría están relacionados con titulación y restitución de tierras.

La funcionaria mencionó los cambios que se han hecho y los que se avecinan ante la ineficiencia, los lentos procesos administrativos y la falta de acompañamiento a los campesinos en los procesos productivos, clave para potencializar las oportunidades del sector rural.

En estos meses usted ha tenido la oportunidad de hacerle un diagnóstico al Incoder, ¿Con qué se encontró?

Nunca me imaginé que el Instituto tuviera esta complejidad. Lo que más me ha abrumado son los procedimientos administrativos, la falta de eficiencia dentro del equipo. Tenemos 31 oficinas territoriales en el país, pero son muy débiles. En la mayoría de los casos del subsidio integral de tierras a los campesinos se les entrega pero no se hace el acompañamiento necesario para el proceso productivo.

Hay predios de estupefacientes que fueron entregados sin provisionalidad. Tenemos 5.300 predios del Fondo Nacional Agrario sin legalizar, procesos muy complicados con tutelas de personas que fueron reubicadas en tierras que no tienen condiciones ambientales, convenios sin cerrar, una planta muy grande de contratistas y personal que no está haciendo lo que tienen que hacer. Son bastantes complicaciones.

Se anunció una reestructuración al Instituto y cambios en las territoriales, ¿Qué paso con eso?

Hemos comenzado por poner en propiedad aquellas territoriales que estaban en interinidad, nombramientos que estaban en espera, hemos completado siete hasta el momento. Se han hecho cambios en Santander y Cauca. Continuaremos con una evaluación más profunda en las oficinas para hacer los cambios que se necesiten.

Si bien el Incoder no maneja directamente el tema de restitución de tierras, sí acompaña el proceso, ¿Cuántas se han formalizado y restituido a la fecha?

Este es proceso que lo maneja la Unidad de Restitución del Ministerio de Agricultura, nosotros estamos trabajando muy en llave con ellos porque siempre van a salir familias que no saben si tienen que hacer una restitución de predios o restablecimiento de su derecho. Eso pasó en Chivolo donde por influencia de «Jorge 40» muchas de comunidades, y por una mala orientación del Incoder se revocaron unas titulaciones a desplazados para pasar a manos de testaferros.

¿Cuáles son los principales obstáculos en el proceso de restitución de tierras y por qué el ministro de Agricultura dice que el «balón» de la restitución está en manos de los jueces agrarios?

Primero, la parte de seguridad, por eso que la Unidad de Restitución ha focalizado unas zonas donde se puede hacer acompañamiento a estas familias que se les restituye. Lo segundo, son las demoras desde que el momento en que el proceso se le pasa al juez y vienen las apelaciones de terceros ocupantes, eso dilata el proceso.

Frente a lo que está pasando en el Cauca ¿Cuándo habrá una solución definitiva al conflicto de propiedad de tierras?

Lo que estamos haciendo es actualizar la política integral para saber hasta dónde se pueden ampliar resguardos así como las aspiraciones de campesinos, comunidades negras y campesinos que buscan titulaciones colectivas o zonas de reserva. Con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente trabajamos en un balance de acuerdos que se dieron con presidentes y ministros anteriores y que nunca se cerraron.

¿Y para cuándo sería esto, ya que no es la primera vez que el Gobierno plantea algo similar?

En dos semanas vamos a empezar dos mesas paralelas, una sobre los acuerdos del presidente Juan Manuel Santos, con las comunidades indígenas y otra para trabajar en una concertación con todos los actores.