El ex jefe paramilitar, Salvarote Mancuso, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, volvió a hablarle al Congreso de Colombia 15 años después de su primera aparición en el 2004.
Esta vez, Mancuso compareció de manera virtual, a través de una grabación que fue difundida en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
En el audio se escucha a un Mancuso arrepentido por el daño que causaron los paramilitares, al tiempo que reitera el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, que fue el marco legal que utilizó el Gobierno de Álvaro Uribe para negociar con los paramilitares.
“Quiero decirles que la Ley de Justicia y Paz, debido a las fallas conceptuales y múltiples deficiencias, está en agonía y no se vislumbra una fecha para terminar ese proceso; fui el primero en advertirlo en el año 2006”, expresó en un audio que fue difundido en la comisión sexta.
“Como estaba concebida la ley 975 de 2005 y la metodología empleada se iban a demorar más de cien años para cumplir con los procedimientos, entre ellos, el de repetir los mismos hechos en audiencias con diferentes nombres”, añadió.
Asimismo el otrora jefe paramilitar le dio un espaldarazo a la Jurisdicción Especial para la Paz surgida del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Santos y la extinta guerrilla de las Farc, a la que calificó de independiente y cuenta con una normatividad propia en comparación a la Ley de Justicia y Paz.
“Ojalá esa concepción de independencia jurídica no se pierda, esa confianza depositada por el Congreso en un tribunal diferente es la mayor demostración de que han aprendido de los vacíos e indefiniciones de la Ley de Justicia y Paz”, agregó.
Finalmente, Mancuso pide a los magistrados de la JEP y a miembros de la Comisión de la Verdad seguir adelante con su tarea, al tiempo que pide ser escuchado en dichas instancias para contar su verdad sobre el conflicto armado.
“A los magistrados de la JEP y en especial a los miembros de la comisión de la verdad, hoy este humilde servidor hijo de DIOS, les ruega que sigan adelante, no cierren sus ojos ni sus oídos a nuestras suplicas, por favor escuchenos a todos, no es fácil su tarea, pero los méritos serán históricos y mejor aún, sentirse parte fundamental de la historia del posconflicto exitoso colombiano”.
Este es el contenido completo de la grabación de Salvarote Mancuso, difundida en la Comisión Sexta de la Cámara.
“Buenos días honorables congresistas, victimas, defensores de derechos humanos, directivos y miembros de la JEP y todos los presentes, hoy quince años después, regreso de nuevo al recinto del congreso de la república en irrenunciable misión de paz, si bien no lo hago presencialmente debido a mi extradición, lo hago a través de este mensaje, el cual, lo realizo primero como victimario y parte del conflicto armado colombiano y luego como postulado a la ley de justicia y paz, como solicitante de ingreso a la JEP, y como testigo excepcional, no solo de hechos de la nefasta guerra en la que estábamos desde hace décadas, sino también, del transcurrir del proceso judicial de una supuesta justicia transicional, de la cual, aún hay mucho por aprender.
Deseo expresar y felicitar a todos los que han entendido que la guerra no es el camino, que comprendieron que este proceso de paz con las extintas guerrillas de las FARC, inició y se gestó cuando las EXTINTAS AUC, decidimos desmovilizarnos. Nosotros dimos el primer paso en busca de la paz, perdón, reconciliación, justicia, reparación y no repetición, al darnos cuenta de nuestros graves e inocultables errores y que nada justifica agredir a otro ser humano, por eso hoy quiero iniciar mi intervención pidiendo perdón a las víctimas y exaltando la labor de todas las personas y estamentos del Estado colombiano, obviamente, incluido el congreso colombiano, quienes, a pesar de todos los obstáculos, lograron ese momento histórico de dejación de armas por parte de la guerrilla más vieja del mundo.
Con respeto pero con claridad, quiero decirles que la Ley de Justicia y Paz debido a las falsas distinciones conceptuales, a las múltiples deficiencias, vacios e indefiniciónes y a la parcialidad del proceso, no cumple con los estándares de justicia transicional, porque han pasado 14 años después de haber sido promulgada la ley 975 de 2005 que contempla un proceso transicional de 8 años, sin que al pasar ese limite maximo de tiempo hubiese condena para todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos, y menos aún, reparacion para todas las victimas, y después de 14 años ni siquiera podríamos llamarla de justicia ordinaria puesto que las sigue revictimizando sin que hayan sido reparadas en su totalidad y sin que cumpla con los objetivos para los que fue creada.
Tristemente hoy tengo que decirlo, está en agonía y no se vislumbra una fecha para terminar ese proceso, recordemos que fui el primero en advertirlo en el año 2006, que como estaba concebida la ley 975 de 2005 y la metodología empleada, nos íbamos a demorar más de 100 años para cumplir con sus exegéticos procedimientos, entre ellos el de repetir los mismos hechos en audiencias con diferentes nombres – y que conste -, en se momento aún no estábamos extraditados. Que lástima no haberme equivocado, pues a la fecha, en mi caso por ejemplo, he sido condenado solo por casi dos mil hechos de 80.000 que se tienen identificados que debo responder por línea de mando, y ni que decir de la justicia ordinaria, donde por todos los hechos confesados en justicia y paz se nos abre un proceso paralelo en dicha jurisdicción.
Ni que decir de postulados de Justicia y Paz que ya terminaron de pagar los ocho años maximos de condena y cuatro de prueba, y ni siquiera los han sentenciado, a pesar de haber solicitado sentencia anticipada hace más de 4 años y para colmo de males, recuperan su libertad y posteriormente han sido detenidos por órdenes de fiscales de la justicia ordinaria que abrieron procesos y ordenan sus capturas por los hechos confesados por los mismos postulados en justicia y paz – como alguien dijo – para poder justificar estadísticas exigidas fatalmente a los fiscales, además, los postulados que han recuperado la libertad ni siquiera han podido conseguir empleos estables, pues en la actualidad los citan a todos a interminables audiencias y ningún empleador se aguanta todo eso.
Pudiera contarles muchísimas más experiencias vividas, por ejemplo, el hecho de no haber concluido el proceso transicional en 8 años, nos impide hacer la transición a la paz y la reconciliación al obligarnos tanto a víctimas como a victimarios, a recordar en audiencias de nunca acabar, horrorosos hechos de guerra que quisimos dejar en el pasado cuando voluntariamente nos desmovilizamos, ya que el hecho de recordarlos permanentemente nos causa graves destrozos psicológicos y de ánimo, y se nos ha convertido en una tortura psicológica.
Además la parcialidad la ley de justicia y paz que está limitada a sólo una parte del conflicto –a sólo una fracción del potencial universo de victimarios, a sólo una fracción de las víctimas y a solo una fracción de la verdad, que le impiden cualquier intento por hacer frente a un contexto total del conflicto armado con sus atrocidades masivas, y a evadir la discusión de la responsabilidad del Estado, de militares y de terceros responsables.
La implantación de ése “régimen de negación” configura una parodia juridico – política de elocuentes indefiniciones que ha sido altamente exitosa en reescribir la historia del paramilitarismo en Colombia y despojar al Estado de sus responsabilidades por las violaciones y la perpetuación del conflicto armado.
Y si a lo anterior, se le suma que algunos funcionarios de la policía judicial y la Fiscalía General están utilizando la justicia ordinaria, como mecanismo de venganza y retaliación, de presión, tortura psicológica y presión indebida, como ocurre en mi caso, muy a pesar que la Fiscalía General es un ente con unidad de cuerpo, entonces nada bueno podriamos esperar si 3 funcionarios de justicia ordinaria crean un complot que ha puesto en entre dicho lo actuado en justicia y paz para mi caso, por 10 fiscales principales, 20 fiscales de apoyo, 200 investigadores y por los honorables magistrados de la sala de justicia y paz del tribunal superior de Bogotá y de la corte suprema de justicia, que me investigaron a saciedad, concluyendo, que he cumplido plenamente con justicia y paz por lo que profirieron dos sentencias en mi contra otorgandome los beneficios que ordena dicha ley.
También la lentitud y forma de proceder de algunos funcionarios de la fiscalía y de la judicatura, han intentado llevar al fracaso total la ley de justicia y paz, a tal punto, que sin lugar a dudas afirmo que la falta de garantías jurídicas para las victimas y todos los postulados y nuestras familias, ha tornado el proceso de justicia y paz en un adefesio jurídico.
Es por eso que celebro la concepción de una JEP prevalente, independiente y con normatividad propia, eso había que hacerlo si quieren garantizar seguridad a quienes apostamos a la misma, ojala esa concepción de transicionalidad e independencia jurídica no se pierda, esa confianza depositada por el Congreso en un tribunal diferente, es la mayor demostración de que han aprendido de los vacios e indefiniciones de la ley de justicia y paz.
De igual forma, la concepción de la JEP, en lo referente a la libertad como garantía y a su vez, como una contraprestación o “premio” para quienes ingresen a dicha jurisdicción y de igual forma como exigencia del cumplimiento de los requisitos de esa justicia especial de paz, sin lugar a dudas, es la mayor apuesta jurídica que se le ha hecho a un complejo proceso de paz, por eso , nuestro llamado hoy , es que la JEP, no puede perder la posibilidad de obtener la verdad histórica, es el momento de vencer miedos y enviar señales a la sociedad de reconciliación y reconstrucción del tejido social a partir de la reconstrucción y conocimiento de la verdad, verdad que indudablemente es la columna vertebral de una transformación social que Colombia necesita.
Hoy deseo expresarle a la JEP, que este es el momento de demostrarle a Colombia que los desaciertos de justicia y paz se pueden corregir en la JEP, que han aprendido de nuestro proceso y que ustedes tienen el compromiso histórico de dignificar a todas las víctimas del conflicto armado y permitir a todos los actores del conflicto, tener un espacio para que entre todos seamos bastiones de la verdad y de una verdadera justicia, no vengativa, sino transicional y restaurativa, donde se nos reproche por un actuar delictual del pasado, pero también, se nos respete como seres humanos, como testigos, como victimarios y como hombres y mujeres que nos equivocamos y rogamos una nueva oportunidad de vida digna.
La JEP debe ser el instrumento jurídico para quienes de forma directa o indirecta estuvimos inmersos en el conflicto armado colombiano, como víctima o victimario, como alguien me dijo alguna vez, la mesa de tres patas, donde todos debemos confluir, como se lo aseguré a la Honorable Corte Suprema de Justicia hace casi dos años, es aquel lugar donde todos quienes hicimos parte del conflicto armado, confluiremos como testigos o admitidos, esa es la mejor opción, Puesto que los aspectos judiciales de la ley 975 de 2005 -que aun a la fecha adolece de graves vacíos e inseguridades- ha tenido consecuencias negativas no solo sobre los desmovilizados y las comunidades afectadas por los compromisos no materializados que han generado nuevos fenómenos de violencia, sino también, sobre la necesaria confianza en la palabra de los funcionarios y representantes del Gobierno.
Por eso quiero destacar la importancia de lo terceros y miembros de la fuerza pública, como esas personas necesarias para poder obtener una verdad plena, los terceros tenemos una verdad determinante y trascendental para poder hacer esa catarsis que tanta falta le hace a Colombia.
Hoy le pido al honorable congreso y en especial a los honorables magistrados de la JEP, que sean magnificentes en sus decisiones y que primen los derechos de los colombianos, especialmente de las victimas a la verdad, justicia y reparación y eso solo será posible si actúan reconociendo que es indispensable que solo es posible tener un buen final, si permiten que lleguen todos los actores del conflicto, asumiendo sin temor, con jerarquía y tenacidad el mandato constitucional, legal y social, que exigen la paz y la reconciliación que merece el pueblo colombiano, por favor no permitan que se repitan los errores de Justicia y Paz.
A los magistrados de la JEP y en especial a los miembros de la comisión de la verdad, hoy este humilde servidor hijo de DIOS, les ruega que sigan adelante, no cierren sus ojos ni sus oídos a nuestras suplicas, por favor escuchenos a todos, no es fácil su tarea, pero los méritos serán históricos y mejor aún, sentirse parte fundamental de la historia del posconflicto exitoso colombiano.
El congreso tiene una responsabilidad histórica como la tiene la JEP, es hora de analizar un punto final a Justicia y paz o en su defecto, buscar realmente que sea una verdadera justicia transicional, donde la justicia ordinaria, no tenga la más mínima posibilidad de agraviar a quienes cumplimos, arriados por intereses oscuros y mezquinos de terceras personas, sin que nos den ninguna garantía como me está ocurriendo, como lo denuncié hace poco, es inaudito que fiscales y miembros de la policía, se hayan concertado con dos falsos testigos con el fin único de truncar el proceso de paz con las AUC.
Aprovecharé la oportunidad, para decirle a las víctimas del conflicto armado, que nos perdonen tanto daño que les hicimos, nada justifica alzar la mano contra un hermano, nada, pero yo lo hice u ordené o permití que otros lo hicieran y ofendí con mis decisiones y actos a miles de víctimas, a mi familia y amigos, a la sociedad colombiana, de los Estados Unidos y en general de toda la comunidad internacional, por eso, desde una cárcel de los Estados Unidos, imploro nuevamente su perdón.
Muchas gracias
Dios nos bendiga a todos.
Salvatore Mancuso Gómez.
