Desde que el 18 de agosto de 1989 fuera asesinado en Soacha el entonces candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento el esclarecimiento de su magnicidio ha tenido más zonas oscuras que luz y verdad. El día de hoy la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento y ordenó la detención del General (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS en la época del magnicidio, acusándolo de homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir.

Después de que fuera consumado el asesinato del excandidato presidencial, en una tarima en el parque principal de Soacha, las versiones encontradas y los chivos expiatorios empezaron a hacer su aparición en escena. Alberto Jubiz Hazbún y otras cuatro personas fueron acusadas de ser los autores materiales del asesinato.

Jubiz Hasbún, exviceconsul de Haití en Barranquilla fue detenido cuatro años, durante los cuales toda la responsabilidad del magnicidio recayó sobre sus hombros. Sin embargo fue dejado en libertad en 1993 y demandó a la Nación por los perjuicios causados en su contra. Lo que Hasbún nunca pudo ver con sus ojos fue el día en que uno de los autores intelectuales del crimen era detenido por orden la Corte Suprema de Justicia y condenado a 24 años de cárcel.

El exsenador y dos veces ministro, Alberto Santofimio Botero fue hallado culpable y condenado por la Corte Suprema de Justicia. Con su condena la luz empezaba a revelar partes de la verdad del magnicidio. Debido a las declaraciones de varios testigos, entre los que se incluyen importantes jefes paramilitares, como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se pudo establecer que el extinto jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, había sido el determinador del asesinato, junto a Pablo Escobar Gaviria.

A pesar de todo esto quedaba una rueda suelta en el análisis del caso. El esquema de seguridad del excandidato presidencial fue deficiente y la facilidad que tuvo el grupo de sicarios para ultimar a Galán indicaba que debía existir complicidad de las fuerzas que lo estaban protegiendo esa noche, la mayor parte del extinto DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).

Tales indicios derivaron en una solicitud de medida de aseguramiento y detención contra el, entonces director del DAS, General (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y concierto para delinquir. La acusación y solicitud de las medidas judiciales las hizo la Fiscalía General de la Nación basada en las actuaciones previas y posteriores al magnicidio por parte del General (r) Maza Márquez. Esta es la tercera detención del General (r) en relación este caso.

Según la Fiscalía, Maza Márquez no solo habría debilitado el esquema de seguridad de Galán sino que no habría atendido a las amenazas constantes en contra de la vida del político liberal y no habría hecho nada por reforzar su seguridad después de la desarticulación de un atentado en su contra en la ciudad de Medellín, apenas semanas antes de que fuera asesinado.

También, anunció la Fiscalía que Maza Márquez habría desviado las investigaciones sobre el magnicidio desde los primeros momentos en el años 1989, acusando personas que nada tenían que ver con el crimen. Alberto Jubiz Hasbún, habría recibido con satisfacción el anuncio de la Fiscalía y la detención del exdirector del Das pero un infarto al miocardio acabó con su vida en 1998.