Multas que van desde 68 mil millones a mil 378 millones de pesos, serían impuestas a las empresas Kimberly, Carvajal y Scribe por parte de la Super Intendencia de Industria y Comercio si se comprueba “un acuerdo permanente e ininterrumpido” para la fijación de precios de los cuadernos, el porcentaje de incremento de ese precio y el porcentaje de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”.

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció en diálogo con Caracol Radio, medidas en contra de los responsables del llamado ‘cartel de los cuadernos’ y la cartelización de otras industrias como la del papel higiénico.

El informe detallado se entregará en un término de 20 días a las empresas a las que se les formuló pliego de cargos “para que se manifiesten y luego si tomar una decisión sancionatoria o absolutoria”, aseguró Robledo.

Señaló además que en los procesos por prácticas anticompetitivas “hay varias oportunidades para ejercer el derecho a la defensa, una vez se acaba la etapa de investigación se les envía la información para que entreguen las explicaciones”.

El cartel de los cuadernos se habría gestado por un acuerdo entre empresas como Kimberly, Scribe y Carvajal para la fijación de precios mediante la concertación sobre el precio de venta de los productos, según reveló la SIC.

Con la decisión concluye un proceso que se inició en el 2011 y que se concretó en febrero 27 de 2015, cuando el organismo de control formuló pliego a las tres empresas por haber hecho una concertación para fijar el precio de venta de los productos, lo que se conoce comunmente como “cartelización”.

Según lo estableció la Superintendencia, 2 de las 3 empresas a las que se les formuló Pliego de Cargos se acogieron al programa de beneficios por colaboración, esto es, por delación, y confesaron su participación en el presunto cartel empresarial y entregaron e-mails, documentos y declaraciones que revelarían su existencia y funcionamiento.

Las pruebas que obran en la investigación, evidencian la existencia de un presunto cartel empresarial entre 2001 y 2014 iniciado por Kimberly y Carvajal, al que a partir del 2011 se habría vinculado Scribe, señaló la Superintendencia.

El pliego de cargos también se formulo contra 27 personas naturales en su condición de altos directivos (funcionarios o ex funcionarios) de las empresas, por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los actos relacionados con la presunta cartelización empresarial.

La Superindustria anunció que adoptó esta decisión «para proteger, tanto la economía de mercado como los hogares y consumidores colombianos, especialmente a aquellos de escasos recursos económicos».

En Colombia, 3.7 millones de hogares compran útiles escolares y más de 9.5 millones de estudiantes menores de 24 años asisten a un establecimiento educativo y son consumidores de cuadernos.

De acuerdo con Robledo, esta investigación comenzó luego de que a finales del año 2013 se visitara a varias empresas, “se cogió correos electrónicos, se produjeron algunas negociaciones, esas investigaciones han venido avanzando, hace unas semanas terminó la investigación con el presunto cartel del papel higiénico, ahora lo hace con el cartel de los cuadernos y próximamente se hará con el cartel de los pañales”.

El Super Intendente indicó que las sanciones en Colombia para las empresas “son muy menores respecto de las que se ponen en otros países del mundo”.