La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, y con la colaboración de Médicos del Mundo, presentaron este martes en Cúcuta el informe Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que pone en evidencia la dura realidad que enfrentan estas mujeres en el país en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto.

En el documento también se presentan algunos casos de mujeres migrantes que han enfrentado barreras para acceder a abortos seguros en Colombia, lo cual permite reconocer la importancia de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSDR) para todas las mujeres independientemente de su situación migratoria.

De acuerdo con Carolina Triviño, abogada de los casos de la Mesa, entre las barreras que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas se encuentra que desconocen que en Colombia el aborto es un derecho fundamental.

«Como resultado, las mujeres no acuden a la red hospitalaria, temiendo consecuencias para ellas como la criminalización o la deportación, lo que aumenta el riesgo de que recurran a abortos inseguros y de maternidades forzadas» indica.

Asimismo, la abogada Triviño destacó que otra de las barreras identificadas es la interpretación restrictiva que los prestadores de servicios de salud hacen del marco legal, basándose en el estatus migratorio irregular de las mujeres venezolanas que solicitan servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente de la IVE; «que se evidencia en la negación de servicios, la exigencia de documentación o de requerimientos adicionales como el Permiso Especial de Permanencia o el Salvoconducto».

«Tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Salud han señalado que la población migrante debe ser atendida por urgencias, servicios entre los que se encuentra la atención del embarazo, incluido el servicio de IVE», puntualiza.

De igual manera, señala que otras fallas asociadas a la prestación de servicios de salud, «es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular.

«En efecto, son víctimas de malos tratos, violencia obstétrica, se les niega el suministro de medicamentos para el dolor, se les vulnera su derecho a la intimidad y se les discrimina debido a su nacionalidad», indica.

El estudio al que tuvo acceso este medio es enfático en señalar que también se presentan fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual lo que implica una barrera para acceder a la IVE por esta causal. La denuncia no es recibida por las autoridades colombianas cuando los hechos no ocurrieron en territorio colombiano.

Las barreras en gran parte tienen origen en los limitados recursos públicos que se destinan a la atención en salud de la población migrante, debido a que no hay un pagador para estos servicios, lo cual repercute en la negación de la atención.

Tras la presentación del informe, las organizaciones que brindan acimpañamiento a éstas mujeres instaron al Estado colombiano tiene a avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres sin importar su estatus migratorio.

«En este sentido, se deben tomar medidas administrativas y de gasto público que garanticen el pleno derecho de las mujeres a la IVE, sin ninguna clase de distinción o trato discriminatorio contra las mujeres, jóvenes y niñas migrantes», manifestaron.

Este es el informe Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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