El Ministerio de Trabajo reveló que ha interpuesto más de $18.000 millones en sanciones, y que tiene a su cargo 80.000 investigaciones por violación a las normas laborales, y 64.032 conciliaciones entre empleadores y trabajadores.

En octubre, el Ministerio reportó sanciones ejecutorias por $4.400 millones, las mayores infracciones son por violación a los derechos laborales individuales ($3.617 millones), incumplimiento de las normas de salud ocupacional, de higiene y de seguridad industrial ($307 millones), le sigue evasión y elusión al sistema de pensiones ($273 millones).

En el pasado mes se ejecutaron otras penas como: evasión a los aportes parafiscales $5 millones en sanciones, violación a la convención colectiva por $27 millones, incumplimiento a la ley de mecanismos de integración social a las personas con limitaciones $2 millones, por no cumplir los requerimientos efectuados por el Ministerio de Trabajo $240 millones. Por lo que, el número total de sanciones que se reportaron fueron 203, el número de investigaciones fue de 1.647.

En la Dirección Territorial de Córdoba se sancionó al sector de servicios públicos por no pago de aportes en pensión por un valor de $28 millones con destino al Consorcio prosperar. En Huila – Intermediación Cooperativa de Trabajo Asociado- se multó al sector del transporte con destino al Sena, por un valor total de $3.401 millones.

De igual manera, en Quindío se sancionó al sector agrícola, comercio y actividades de juegos y azar por incumplimiento a los requerimientos con destino al Sena por un valor total de $7 millones. En Risaralda, el sector comercio pagó un total de $14 millones con destino al Sena así: $6 millones violación a las normas laborales, $7 millones por evasión y elusión al sistema pensional.

Así mismo, en Santander se sancionaron los sectores de servicios sociales, de salud y el sector palmero por un total de $9.341 millones así: el sector de servicios sociales y de salud por $17 millones por retención indebida de salarios y dotación, el Sector palmero por un valor de $9.324 millones, por intermediación usuaria $ 2.380 millones, intermediación cooperativa de trabajo asociado $ 6.547 millones, evasión al sistema general de pensiones $ 56 millones y por obligaciones de las empresas de servicios temporales $ 340 millones.