Aquí «no hay cama pa’tanta gente». Con esta estrofa de una de las salsas más conocidas del Gran Combo de Puerto Rico los presos de la cárcel de La Picota, en Bogotá, explicaron el hacinamiento en el que viven.

Y es que las prisiones colombianas, aquejadas de históricos problemas estructurales, atraviesan uno de sus peores momentos con una tasa de superpoblación del 48,5 %.

Los 142 centros penitenciarios del país no son suficientes para albergar a 112.356 presos, un excedente de más de 36.000 cupos, según cifras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) facilitó a Efe.

Durante una visita a este centro de reclusión, que acoge exparamiliares, guerrilleros, delincuentes comunes, asesinos y violadores, los presos expresaron muchas de sus inquietudes.

Entre ellas figura que en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), el más moderno complejo de La Picota, cada cuatro presos comparten una celda, tienen café e infusiones, pero las ventanas no tienen cristales para ver «la luz del sol».

Estos reclusos son los más afortunados, ya que sus compañeros de otros módulos y demás cárceles de Colombia padecen un frío tremendo y se quejan de desatención sanitaria.

«En una ciudad hay infartos, enfermedades terminales, virales. Y eso pasa también en los centros carcelarios», reconoció en una entrevista con Efe el director del INPEC, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, al referirse al hacinamiento y al actual replanteamiento de la administración de salud en las cárceles como agravantes.

La alerta la dio el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, quien denunció en un informe que en la última semana murió de tuberculosis un preso de La Picota, enfermedad que afecta a al menos once reclusos entre esta prisión y la Modelo, también de Bogotá.

Y la semana anterior, según Cepeda, murieron cuatro internos en la cárcel de Bellavista, cercana a la ciudad de Medellín, en el noroeste de Colombia, por «falta de atención médica», además de que hubo 180 intoxicaciones al parecer por alimentos en mal estado.

La situación se completó con una huelga de hambre en el penal de Puerto Triunfo, también cercano a Medellín, donde cinco reclusos se cosieron la boca en señal de protesta.

El director del INPEC y la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, iniciaron este viernes en Bellavista una gira por las cárceles colombianas, acompañados de odontólogos, epidemiólogos, enfermeros y psicólogos, para revisar la salud de los presos y entregarles tapabocas (mascarillas) artículos de aseo y ropa.

Para Ricaurte, el hacinamiento es una consecuencia de la aplicación desde 2005 del sistema penal acusatorio, que recluye a los delincuentes mientras la Justicia investiga sus casos y les llama a juicio, lo que en ocasiones perpetúa su estancia en los centros.

La población se multiplicó también con leyes como la de Seguridad Ciudadana, que sanciona más conductas y amplía las penas, lo que, según dijo Cepeda a Efe, contribuye al hacinamiento y crea una descompensación entre la excesiva condena de delitos menores y la impunidad de crímenes de lesa humanidad en Colombia.

Adicionalmente, los jueces de ejecución de penas están desbordados y luchan contra montañas de archivos para atender la demanda de los directores de las cárceles.

Éstos deben determinar si 25.600 presos deben cumplir prisión domiciliaria, ser beneficiados de libertad condicional u obtener permisos de libertad preparatoria.

Según Ricaurte, si un promedio de 22.000 personas se incorporan cada año a la población carcelaria, es imperativo que abandonen los centros quienes hayan cumplido su pena o estén próximos a hacerlo, siempre que no supongan un riesgo para la sociedad.

Aunque ya se ha tramitado la salida de más de 10.000 internos, el Ministerio de Justicia ha ofrecido prácticas a 736 estudiantes de Derecho, Psicología y Trabajo Social para que ayuden a agilizar las tareas burocráticas y así dotar de una vida digna a los reclusos.