La exembajadora en Reino Unido y España, Noemí Sanín, renunció a la Comisión de Relaciones Exteriores de Colombia. La principal razón para su renuncia, es la incompatibilidad entre el Gobierno y su tesis sobre la posible aparición de la ‘mano China’ en el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el pleito entre Colombia y Nicaragua.

La excandidata presidencial, percibe el Gobierno del presidente Santos no ha tenido una verdadera reacción frente a la pérdida de un importante porción de mar en el Caribe.

Dentro de la misiva, Noemí Sanín se hace vario cuestionamientos en relación con el artículo 24 del estatuto de esta corte internacional. “¿Debió la jueza china Xue Hanqin, poner en conocimiento del presidente de la corte el posible conflicto de intereses que tendría a raíz de la firma de un convenio entre el gobierno de Nicaragua y la empresa china ‘HK Nicaragua Canal Investment Company’, teniendo en cuenta su presunto conocimiento de la construcción del gran canal interoceánico? El mismo gobierno chino antes del fallo publicó información sobre la construcción del canal a través de su ministerio de Comercio, como aparece en su página web”.

Sanín continúa con las incógnitas que se generaron por los acuerdos entre Nicaragua y la empresa China durante la discusión entre los dos países: “¿Los acuerdos de Nicaragua y la mencionada empresa China, podrían haber comprometido aguas, a nuestro juicio, pertenecientes a la zona económica exclusiva de Colombia, para este momento en discusión en razón al fallo pendiente de la CIJ? Resulta totalmente relevante tener en cuenta el memorando de entendimiento – MOU- de septiembre 5 de 2012, hecho que quedó corroborado, en mi opinión, con la expedición de la ley 840 del 13 de junio de 2013 del Congreso de Nicaragua, mediante la cual se entregó en concesión por 50 años prorrogables por otros 50 a la empresa en mención ‘todas las aguas territoriales de Nicaragua’ para el servicio del Gran Canal”.

Y termina concluyendo, de manera enfática, las características antijurídicas que, según la exembajadora, el fallo presenta y la violación de los derechos de los nativos de las islas envueltas en el litigio. “el fallo proferido por la CIJ es antijurídico, entre otras razones porque desconoció y violó la intangibilidad del tratado vigente Esguerra Bárcenas celebrado por las partes a perpetuidad, abriendo de paso una caja de pandora entre países que daban por resueltos sus problemas de fronteras, desconoció la historia, hizo caso omiso de los derechos de los raizales, destruyó la arquitectura del archipiélago, enclavó y aisló parte de él, desconoció de tajo tratados de fronteras con terceros países, convenios ambientales que protegían el medio ambiente, el arrecife coralino ´Sea Flower’ y los acuerdos de pesca vigentes”.