Un estudio pone sobre el tapete un debate elemental que por alguna razón ‘pasa de agache’ ante la opinión pública: ¿Por qué las grandes corrientes políticas no pagan multas por irregularidades en procesos electorales? ¿Es ingenuo pensar que sus campañas fueron totalmente transparentes?

Mientras que el Polo Democrático y la Alianza Verde enfrentan este año multas de hasta 30 millones de pesos por incumplimiento en los procesos electorales dictados por la Ley 1475 de 2011, el Partido Liberal y La U están al día y sin ninguna multa. De entrada se podría decir que estos dos últimos simplemente respetan la norma y se blindan por todos los frentes para no incurrir en alguna violación. Sin embargo, un informe de Armando Novoa, consejero del Consejo Nacional Electoral, señala que hay una seria discriminación de por medio y de la cual poco se habla.

Enuncia el estudio que a los partidos Liberal, La U, Centro Democrático, MAIS y MIRA no les fueron descontados ni un solo peso de su financiamiento ordinario. Es decir, que todos recibieron toda la plata que el Estado les da a través del Fondo Nacional de Financiación Política para sus campañas, pues no incurrieron en ninguna falta que les acarreara multas económicas.

A pesar de que el documento no reseña las irregularidades registradas en las campañas electorales de 2014, en las que casi todos los partidos nombrados fueron salpicados por irregularidades como publicidad extemporánea o doble militancia, este sí revela que los que cuentan con más dinero, que también son la mayoría de los magistrados en el CNE, son los que menos multas tienen.

La siguiente gráfica muestra cada descuento por multas.

Llama la atención la multa impuesta a la Alianza Social Independiente (ASI), partido por el que pasó el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus y del que ahora quiere hacer parte el exvicepresidente Angelino Garzón. Imagen tomada del informe de Armando Novoa.

¿Qué hacen los grandes para salir sin multas si ante la prensa hacen eco denuncias que los enredan en materia electoral?

Novoa explica que se favoreció a las agrupaciones políticas mayoritarias, pues aunque recibieron los mayores volúmenes de recursos, no fueron objeto de ninguna sanción ya que su criterio tiene mayor peso entre los magistrados del CNE y por ende los otros resultan discriminados. Algo así como si entre los grandes decidieran, a través de fallos y tecnicismos, que no se meterán sanciones.

Todos los días se ponen en práctica este tipo de movidas en los estrados judiciales, las cortes y el Legislativo (…) no es una sorpresa que esto suceda. Sin embargo no deja de ser una conducta que debe ser revaluada y más que todo vigilada.

Novoa advierte que el CNE debe adoptar una cultura institucional que les permita evaluar su gestión anualmente y que también los obligue a presentar informes públicos de rendición de cuentas. Esto con el fin de hacer más transparentes sus actuaciones.

Igualmente afirma que el órgano electoral debe avanzar hacia ‘una profesionalización de su personal y así evitar la partidización que se da cuando se eligen a los dignatarios’. En otras palabras: despolitizar a los magistrados y asegurar que haya un balance real entre los partidos de gobierno y de oposición.

En la práctica este fenómeno tiene consecuencias alarmantes. Por un lado el país seguirá en manos de las viejas casas políticas y las propuestas alternativas no tendrán mayor acogida. También resultarán afectados aquellos que por condición económica y/o multas se ven en la necesidad de entrar al ruedo electoral con el sello de un partido político de tradición.

Y más importante, tampoco se pondrá en cintura a los que cuentan con decisiones judiciales en su contra y que aun así se lanzan como candidatos o dejan herederos.