Los puertorriqueños acuden a las urnas este domingo para votar la quinta consulta de estatus en 50 años y decirle al Congreso de Estados Unidos qué estatus político prefieren para la isla, actualmente sumida en una crisis económica que ha provocado el éxodo de muchos habitantes.
El Congreso ha aceptado la celebración del referéndum bajo el nombre de “plebiscito para la descolonización inmediata para Puerto Rico”, según en la Ley 7 de 2017, que ofrece tres opciones: convertirse en estado federado, avanzar el proceso de libre asociación como paso previo a una posible independencia o el actual status semicolonial dependiente de EEUU.
Los defensores de que Puerto Rico se convierta el estado 51 de Estados Unidos esperan que esta opción gane la votación a pesar de que varios partidos de la oposición la rechazan. La propuesta para celebrar un plebiscito de estatus no encontró respaldo entre los partidos de la oposición por la existencia de discrepancias en torno a los modelos políticos que el gobierno ha incluido en la papeleta de votación.
Se trata de un referéndum no vinculante, ya que la decisión final la tiene Washington. El presidente de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ganó las elecciones el pasado noviembre gracias a sus promesas de convertir a Puerto Rico en estado federado de Estados Unidos y ahora confía en que Washington respete la votación. “El cambio está en el aire. Estados Unidos es la tercera nación de habla hispana más grande en el mundo. Es hora de discutir esto a fondo”, ha explicado Roselló en una entrevista a ‘The Guardian’.
“Mandemos un mensaje alto y claro a Estados Unidos y al mundo entero, los puertorriqueños no solo queremos la ciudadanía estadounidense, queremos el mismo trato”, ha defendido el excongresista, Pedro Pierluisini. Sin embargo, el Partido Republicano, ahora al mando del Congreso, ve con recelo la incorporación de Puerto Rico, que daría probablemente su apoyo al Partido Demócrata.
Puerto Rico ha estado bajo la tutela de Washington desde 1898, cuando fue invadido al final de la guerra entre España y Estados Unidos. Aunque los isleños recibieron la ciudadanía estadounidense en 1917, se han mantenido en un limbo colonial en el que gran parte de la economía del país depende de la superpotencia mundial.
Mucha gente piensa que el estatus territorial de la isla ha contribuido a los 10 años de recesión económica, provocada por décadas de préstamos y la eliminación de incentivos fiscales. Puerto Rico está exento de los impuestos sobre ingresos, pero paga la Seguridad Social y el seguro médico para personas mayores y los impuestos locales. Además, recibe menos fondos federales que los estados de Estados Unidos.
