La CIDH aprobó esta semana la reforma de su propio reglamento que entrará en vigor el próximo 1 de agosto y mañana se debatirá el borrador de resolución para cerrar el proceso de reforma de ese órgano, que junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) forma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Uno de los puntos cruciales es la propuesta de Ecuador que defiende que la CIDH se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA y contribuciones voluntarias de los Estados miembros, buscando así que se elimine la posibilidad de que se busquen fondos externos a los integrantes de la organización.

En ese sentido, ya varios Gobiernos han expresado sus posturas a favor y en contra a la propuesta ecuatoriana, así como el planteamiento de que se cambie la sede de la CIDH, actualmente en Washington.

Ecuador sostiene que la CIDH debe estar en un país latinoamericano, con el argumento de que EE.UU., al igual que Canadá y algunos países del Caribe anglófono, no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José, planteamiento que apoyan países como Costa Rica y Uruguay.

México considera que del presupuesto ordinario de la OEA se financiara el SIDH, con contribuciones obligatorias a través de una escala de cuotas adecuada al tamaño de cada país.

«Lo normal es que los dueños del sistema nos hagamos cargo de su financiación», declaró el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo.

Para el canciller uruguayo, Luis Almagro Lemes, el sistema debe garantizar «el funcionamiento de las instituciones públicas en materia de derechos humanos en todos los países» y el «funcionamiento de los sistemas judiciales», que, en su opinión, «es el punto en cuestión».

«Nosotros solamente podemos aspirar a que la Comisión, como las subcomisiones que trabajan los diferentes temas, tengan un crecimiento en su financiamiento, en su presupuesto, que tengan un crecimiento y una autonomía de su gestión», enfatizó hoy Almagro.

En cambio, países como Panamá, Paraguay y Honduras son partidarios de otro tipo de medidas que restrinjan la «independencia» total de la CIDH.

En este sentido, Fernando Núñez Fábrega, ministro panameño de Relaciones Exteriores, dijo que los «necesarios ajustes» a la CIDH «no pueden incluir nada que disminuya la independencia» del organismo, «y eso incluye cualquier» maniobra que busque un «recorte de fondos» que le impida «cumplir su trabajo».

A su vez, Paraguay aboga por la adhesión de todos los Estados de la OEA al SIDH, que debe tener un financiamiento «adecuado», que incluya contribuciones voluntarias «sin fines específicos».

El canciller de Honduras, Arturo Corrales, dijo que en busca de la perfección del SIDH «no se puede destruir lo que ya existe» y que lo que va a ocurrir mañana en Washington «es un debate saludable».

Por su parte, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, reiterará el compromiso de su país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, dijo hoy que su Gobierno apostará en la reunión de mañana por un Sistema Interamericano de los Derechos Humanos «más universal» y fortalecido con «una mayor rigurosidad jurídica de sus actuaciones».

Y señaló que Colombia, como había anticipado a principios de semana el presidente, Juan Manuel Santos, se aparta de «posiciones extremas» como la planteada por Ecuador y que se da por descontado que cuenta con el apoyo de los países de la ALBA, bloque al que pertenece.

Bolivia es el caso a parte del grupo ya que el lunes el presidente, Evo Morales, anunció que su Gobierno estudia retirar a su país de la CIDH, que es «como otra base militar» que está financiada por Estados Unidos para «tratar de juzgar a los países».

Precisamente hoy la ONU recomendó a Bolivia permanecer en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos al considerar que se trata de un «instrumento valioso» que se complementa en esa tarea de defensa con los esfuerzos que realizan ese organismo mundial y también el Gobierno de Morales.

A estas opiniones se suman las de los defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional, que ante todo defiende la supervisión independiente de los derechos humanos país a país, la consolidación de la democracia en el continente y los derechos y garantías que la mayoría de la gente en América Latina puede disfrutar ahora.

La reunión de mañana es un «momento crítico» en el que se verá quien «está a favor de la protección de los derechos humanos y quien no», apuntó la organización no gubernamental.