Sectores de oposición al Gobierno colombiano pusieron en duda este miércoles las razones por las que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, renunció al cargo después de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) denegara la extradición del exlíder de las FARC Jesús Santrich, requerido en EE.UU. por narcotráfico.

La senadora Victoria Sandino, del partido FARC, dijo que lo que realmente ocurre con la renuncia del fiscal general es que está «huyendo a las investigaciones que se le vienen encima y que hasta el momento no han prosperado».

Martínez ha sido fuertemente criticado porque supuestamente no ha sido lo suficientemente diligente para investigar a los implicados en el caso de los millonarios sobornos pagados en Colombia por la constructora brasileña Odebrecht.

Por su parte el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que la renuncia hace parte de un plan con el oficialista partido Centro Democrático (CD, derecha) para socavar a la justicia.

«Lo que están preparando los señores del Centro Democrático es una supuesta crisis institucional para abrirle paso a la destrucción, la demolición de las cortes», dijo Cepeda, fuerte crítico del Gobierno del presidente Iván Duque y de su partido, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe.

Martínez renunció hoy al cargo que asumió en agosto de 2016 a raíz de la decisión de la JEP de aplicar la garantía de no extradición a Estados Unidos al exjefe de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, proceso que lidera la Fiscalía.

Cepeda, que ha sido facilitador en varios diálogos de paz, añadió que «lo que está detrás del anuncio de Néstor Humberto Martínez no es solamente una fuga de responsabilidad por parte de él, sino también (…) crear un espacio para intentar derrotar a las cortes como no lo han podido hacer en derecho».

Por otro lado, la JEP pidió a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura y a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía que investiguen presuntas «irregularidades» cometidas durante la recolección de pruebas en la solicitud de extradición del Santrich.

Para la JEP, los funcionarios de la Fiscalía pueden haber omitido «sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional» cuando permitieron a agentes extranjeros recoger pruebas para incriminar a Santrich.

«Las leyes internacionales establecen que cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas. En este caso la asistencia judicial la debió realizar la Fiscalía General de la Nación», señaló la JEP en un comunicado.

Según ese tribunal de justicia transicional, se «pudo establecer que el ente acusador (Fiscalía) no realizó esta diligencia».

Tras la orden de la JEP a la Fiscalía de «disponer la libertad inmediata» de Santrich, el partido FARC elogió la actuación de ese tribunal, del que dijo que se apegó al Acto Legislativo 01 de 2017, que da vida al acuerdo de paz, en el que «se consagra la garantía de no extradición».

«Cuando pactamos en La Habana la garantía de no extradición, estábamos pensando justamente en este tipo de casos; en la hipótesis de que las autoridades norteamericanas pretendieran afectar negativamente el correcto curso del proceso de paz», afirmó el partido.

Con información de EFE