Confidencial Colombia | El más reciente informe de la Fundación Forjando Futuros revela que en los ocho años que cumple la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Estado ha restituido solo el 6,6% de un total de 121.462 solicitudes presentadas.
Según las cifras de Forjando Futuros, al día de hoy se han resuelto 8.058 casos. El estudio indica además que las víctimas a las que se les ha restituido sus terrenos fueron despojadas en un 56% por los paramilitares, el 14% por las guerrillas y 1% por el Estado. Además de lo anterior, existe un 6% que corresponde a grupos armados no identificados y un 23% como consecuencia de los enfrentamientos.
Gerardo Vega director de la ONG asegura que “hay poca tierra, muchos muertos y en este Gobierno redujeron los recursos para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lo que altera las metas de manera negativa. No se llega al 7% en la restitución de tierra. Se ha fallado en la implementación tanto en la etapa administrativa, como en la etapa judicial. Se esperaba que con esta Ley se resolviera en un tiempo de 10 meses, lo que en el pasado se demoraba 10 y hasta 15 años”.
Vega considera que es necesario la ampliación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que hoy tiene vigencia de 10 años de los cuales hoy cumple 8 de implementación. Durante este tiempo no se ha resuelto ni siquiera al 50% de los casos, y la mayoría de las víctimas tampoco han acudido por las amenazas, los desplazamientos y por los asesinatos de líderes de restitución de tierras que no han cesado”.
Para el director de Forjando Futuros es necesario tramitar una reforma a la norma en donde se establezca que la restitución se haga por vía administrativa. “De los ocho mil casos que se han resueltos, el 70% no tenía opositor y por tanto no era necesario un proceso judicial. Bastaba con que la propia Unidad de Tierras que depende de la rama ejecutiva expidiera una resolución entregando los terrenos a las familias reclamantes”.
Por último, Vega llamó la atención por el proyecto de Ley presentado a consideración del legislativo por parte de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, porque según él, busca legalizar el despojo que se hizo en los últimos 30 años. “Ella apoya a opositores a la ley, porque ha recibido dineros para su campaña de personas como Rosalba Zapata en la región de Urabá, donante de su campaña para la Cámara de representantes. Cabal, según denuncia el director de Forjando Futuro “también recibió el apoyo del gremio bananero para su segunda campaña y algunos de ellos se encuentran en la lista que Hasbún entregó a la Fiscalía como financiadores del paramilitarismo”.
