La iniciativa se debatió la semana pasada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. En cabeza del congresista Efraín Torres del partido de la U y con el apoyo del ICBF, se busca modificar el artículo 34 de la Constitución. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, al año 2015 existían 85 mil casos sin resolver de violencia sexual contra menores. Además, en Colombia hay más de 6 mil niñas entre los 10 y los 14 años que han dado a luz. En el 90% de los casos, por posible acceso carnal violento.
Ante las alarmantes cifras, el Representante a la Cámara Efraín Torres ha decidido reanudar el debate sobre los derechos de los niños. Propone, una vez más, la cadena perpetua para los violadores, así como lo planteó hace casi 8 años la senadora Gilma Jiménez. Sin embargo, el congresista de la U le ha agregado ciertas variantes para que, según dice, esta vez sí se apruebe la propuesta.
Crear una Jurisdicción Especial para los Niños es uno de los nuevos ingredientes. El congresista asegura que esta propuesta no es sólo represiva sino preventiva, por lo cual, el nuevo tribunal buscaría que las autoridades tengan los mecanismos y la preparación para hacer seguimiento de los casos de violación a menores, con un grado de autonomía que facilite la lucha contra este crimen.
Por otro lado, pero siguiendo esa línea de prevención, se plantea crear un Banco Genético para que teniendo muestras de ADN, semen o sangre, se puedan identificar los violadores.
Sin embargo, las ideas para prevenir son pocas, pues la prioridad es lograr que se modifique el artículo 34 de la Constitución Política en el que “se prohíben las penas de prisión perpetua” y acto seguido, el artículo 205 del Código Penal que establece entre 12 y 20 años de cárcel para violadores, y así sea permitida esa máxima condena.
La variante en el planteamiento represivo, según el Congresista Torres, es no proponer tajantemente la cadena perpetua, sino “darle la oportunidad al Estado de que, una vez el violador haya pasado 30 años en la cárcel, sea revisable esa condena perpetua”. Esto, según Torres, tiene una razón práctica, y es buscar mayor aceptación en el Congreso. Para el Representante, sin embargo, no es posible que los objetivos de la resocialización alcancen a una persona condenada por violación, por lo que es justificable, desde su punto de vista, la imposición de la cadena perpetua.
Hoy en Colombia la pena por el delito de violación oscila entre 12 y 20 años de prisión. En caso de que la víctima sea menor de 14 años la pena impuesta aumenta la mitad. Pero, si se aceptan cargos, se reduce la condena. Si se estudia o trabaja en prisión, puede bajar hasta un año, y cumpliéndose las 3/5 partes de la condena, se puede solicitar la libertad condicional. Son estos últimos beneficios los que tampoco convencen a Torres. Una vez aprobada la cadena perpetua, la idea del Representante es que posteriormente se elimine, para las personas condenadas por acceso carnal violento contra menores, la posibilidad de tener cualquier tipo de beneficio jurídico.
Así las cosas, la discusión está abierta nuevamente. Debe pasar por 8 debates en el Congreso, 4 en cada cámara, y en caso de que salga adelante, en Diciembre de 2018 se estaría empezando a aplicar la cadena perpetua para este tipo de delitos. Sin embargo, apenas reviviendo el tema, el representante dice no tener respaldo ni de la Fiscalía, ni del Ministerio de Justicia, ni de casi el 60% del Congreso.
En el debate de la semana pasada, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, confirmó su apoyo al tema diciendo que “desde el ICBF se han implementado medidas para la detección temprana de estos casos y la atención oportuna e integral, pero estos esfuerzos no serán suficientes para el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes si no hay una sanción verdadera para aquellos criminales que cometen este atroz delito”.
Efraín Torres cree que le van a llegar los mismo argumentos que se dieron para tumbar la propuesta de Gilma Jiménez, a la que llamaron populista y demagoga, y que por verlo como “retrógrado”, todo va a quedar en el limbo.
La lucha de la senadora Jiménez cayó en dos oportunidades. La primera vez pasó los 8 debates del Congreso, pero la Corte Constitucional declaró la ley inexequible por errores de procedimiento y lo regresó al Legislativo para que fuera corregido. La segunda vez, en marzo del 2011, el proyecto de referendo volvió al Congreso, pero solo pasó los dos primeros debates.
Por tal razón, el plan B del representante es salir a las calles a recolectar firmas para convocar un referendo, si se llega a caer en el Congreso.
Algunos piensan que la moción está guiada por sentimientos populistas y de venganza, y tal vez un poco alejado de la necesidad de proteger a la sociedad y a los niños de estos delincuentes.
Lo cierto es que el camino de la propuesta no será fácil. Se trata de un viejo debate que debe evaluar si se reduce en realidad el número de delitos al aumentar la pena, o si por el contrario, sería suficiente con la imposición efectiva de las penas ya existentes para disminuir los casos de violencia sexual contra menores. Ante este tipo de cuestionamientos deberá pasar, otra vez, el resucitado debate de la cadena perpetua para los violadores de menores en Colombia.
