En lo corrido de 2017, las brigadas contra la informalidad en el turismo arrojan un resultado de 1.060 establecimientos cerrados por prestar servicios turísticos por fuera de la normativa existente. En 2016, fueron cerrados ocho.
De los 1.060 establecimientos, 1.004 son alojamientos, 38 agencias de viajes, 13 restaurantes, tres empresas alquiladoras de vehículos, un centro recreacional y una empresa de transporte especial.
Durante 2016 y 2017, se han realizado un total de 91 operativos, que han permitido la apertura de 1.631 investigaciones preliminares a los prestadores de servicios turísticos que, presuntamente, incumplían las normas.
El objetivo fundamental de las Brigadas por la legalidad es lograr que todos los prestadores de servicios turísticos del país se acojan al marco normativo vigente y ejerzan su actividad formalmente y con los estándares de calidad que requiere el turismo colombiano para poder crecer.
Las empresas colombianas que están prestando servicios turísticos de forma legal pueden ser beneficiarias de los incentivos tributarios y fiscales que las autoridades de orden nacional, departamental, distrital o municipal, han diseñado para estimular y apoyar la industria turística.
En este esfuerzo por promover la legalidad en el sector del turismo es importante el apoyo de las autoridades locales, ya que su responsabilidad de acuerdo con el nuevo Código de Policía (Art. 85 y 87) es disciplinar a los prestadores que no cuentan con los requisitos legales para operar.
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