La dura respuesta de la Presidencia de la República al procurador general de la Nación por cuenta de la solicitud de explicaciones de los viajes de Timochenko a La Habana dejan a este último en una posición precaria frente al proceso de paz que se adelanta con las Farc en la capital cubana.

Un año después de que el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, exigiera explicaciones a varios congresistas por los objetivos y motivos que animaban el viaje de estos a La Habana, en el marco del proceso de paz con las Farc; el jefe del Ministerio Público volvió a asumir un rol inquisitivo con lo relacionado con las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero.

Ordóñez le envío varios requerimientos al presidente Juan Manuel Santos, con el fin de que le fueran justificados los viajes del máximo jefe de las Farc, alias Timochenko, a La Habana sin la suspensión de las órdenes de captura que pesan en sobre el jefe guerrillero. Contra todo pronóstico y para zanjar, de una vez por todas la cuestión, desde el Palacio de Nariño se le envió una dura respuesta a Ordóñez.

En la misiva el jefe de Estado deja en claro varios puntos sobre el papel que tiene el presidente de la República en un proceso de paz y los alcances de la labor disciplinadora de Ordóñez.

Santos, en primer lugar le recuerda al procurador que la Paz es un derecho supremo de los colombianos y que esta está consagrada en la Constitución Política como tal. Además, le recuerda que según la Carta Política en el artículo 189, en su numeral 6, que es él y no otro quien se encarga de “convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso”. En otras palabras, el presidente no tiene por qué rendirle cuentas al Procurador sobre los acuerdos de paz que tengan que ver directamente con su gestión.

Acerca del cuestionario enviado por la Procuraduría General, el presidente Santos le recuerda a Ordóñez que si bien el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia establece que este último debe y puede “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” también lo es que la Corte Constitucional en la sentencia C-048 de 2001 establece que la resolución del conflicto colombiano y los mecanismos que se implementen son complejos y por tanto “son decisiones de alta política, reservadas al fuero presidencial”. Esta no es la primera vez que una disposición de la Corte Constitucional viene a cerrarle el paso a las actuaciones de Ordóñez, vale recordar los constantes choques entre el alto tribunal y el procurador por cuenta de su incumplimiento sobre los dispuesto alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo y el uso de contraceptivos.

La respuesta también invoca el artículo 10 de la Ley de Orden Público que establece que la dirección del proceso de paz corresponde de manera exclusiva al presidente de la República.

Con estos tres argumentos el mandatario le deja claro al procurador general que su labor de disciplinamiento no puede salirse de los linderos que legalmente le corresponden y que sus constantes críticas e injerencias a lo que se discute y cómo se discute en la Mesa de Diálogos de La Habana antes que servir como un ejercicio de sana crítica está convirtiéndose en un palo en la rueda que además está desdibujando el papel del Ministerio Público.

Este choque entre Presidencia y Procuraduría viene a sumarse a las constantes contradicciones que se han dado entre esta última y la fiscalía General de la Nación en lo tocante a las sanciones penales de quienes se acojan a un proceso de desmovilización como fruto del proceso de paz que se lleva a cabo en el presente.

La misiva del presidente de la República cierra con una invitación a que el procurador asista a una audiencia con el fin de ilustrarlo sobre los avances del proceso de paz.

De esta manera el área de influencia de Ordóñez, un funcionario que hasta hace un año se veía todo poderoso, empieza a reducirse a sus reales dimensiones, las mismas que están consagradas en la carta política del país.