Un juez de tierra ordenó suspender las licencias mineras de 13 mil hectáreas de tierra que pertenece a la comunicad indígena Embera Jatía, en el departamento de Chocó. El organismo ordenó la medida para garantizar la protección “a la pervivencia física y cultural” del grupo étnico.

Con la guerra, al Chocó llegaron todos los actores armados. El departamento se bate desde hace décadas entre la violencia paramilitar, los ataque guerrilleros y los corredores del narcotráfico.

Desde los años ochenta, los grupos insurgentes se apoderaron de las zonas andinas y selváticas de la región, para hacer uso y control del territorio con el fin de traficar armas, sentar sus bases sociales y dominar los corredores viales. Más adelante aparecieron los paramilitares con su maquinaria de barbarie y su lucha contrainsurgente.

Los dos grupos se midieron en una lucha sin cuartel, que tenía un objetivo principal: apoderarse del terreno con tal de controlar las rutas y el negocio del narcotráfico en la región. Los caminos del departamento conducen al pacífico, una de las salidas perfectas de la droga hacia el exterior.

Luego de años de explotación cocalera y de transporte de droga, la financiación de los ilegales migró hacia la extracción ilegal de minerales. Chocó es un “departamento de oro”, por la gran cantidad de minas de este material que hay en su suelo y hacia ese horizonte pusieron su mirada los armados.

La locomotora minera, impulsada ampliamente por este gobierno, generó la llegada de varias multinacionales para explotar los suelos colombianos. Paralelamente, y de manera ilegal, guerrilleros y neoparamilitares establecieron una empresa minera en la que obligaron a cientos de chocoanos a sacar de la tierra el valioso material.

El ‘boom’ minero, legal e ilegal, penetró también territorios de comunidades étnicas, que tienen asentamiento desde hace décadas en una zona conocida como el alto Andágueda, ubicada cerca del Carmen del Atrato. Las comunidades han comenzado a protestar y el Estado parece estar prestando atención a sus reclamos.

Un juez de tierras ordenó este fin de semana la suspensión, durante seis meses, de “licencias, concesiones y estudios” para el otorgamiento de permisos mineros en esa zona. Según el operador de justicia, para garantizar la pervivencia física y cultural de la comunidad indígena.

“El juez ordenó la protección del 80 por ciento del territorio colectivo que está en riesgo de ser ocupado por terceros que se han aprovechado del conflicto armado para la explotación de oro, pasando por encima del trámite de las consultas”, según un comunicado emitido por el Consejo Regional Indígena del Cauca.

“De este modo de las 50 mil hectáreas que conforman el territorio de los embera katío del Alto Andágueda, se consigue resguardar 13 mil producto del otorgamiento, hasta octubre de 2012, de 13 títulos por parte de la Agencia Nacional Minera que comprenden un total de 40 mil hectáreas”, señala el comunicado.

Finalmente, el tribunal ordenó la intervención del Estado en la zona y el retiro de personal de la empresa en un plazo no superior a seis meses. “Es así que la Unidad de Tierra del Ministerio de Agricultura que presentó el pasado mes de octubre una demanda respecto a las citadas concesiones, algunas de las cuales tienen vigencia hasta el 2041, tiene este tiempo para que inicie las acciones que deriven en un pronunciamiento sobre el tema”, finaliza el pronunciamiento del Cric.