Narrativas sobre la designación de las víctimas, que las perpetúa como sujetos pasivos o las despoja de su potencia política, es uno de los principales componentes del libro Víctimas, memoria y justicia. Aproximaciones latinoamericanas al caso colombiano, editado por la Universidad Nacional.
En Colombia, con cerca de ocho millones de víctimas, entre ellas seis millones de desplazados y más de 220.000 muertos (solo en el marco del conflicto armado), el fenómeno de la victimización se articula con múltiples actores, entre ellos, y de manera especial, el propio Estado.
La publicación, refieren sus compiladores, la lingüista y docente Neyla Pardo y el politólogo de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) Juan Ruiz Celis, desarrolla un recorrido interdisciplinar sobre una problemática común de América Latina: las diversas modalidades de violencia que actores políticos y económicos han ejercido en la región, sus consecuencias y la necesidad de construir memoria en torno a ello. Estas imponen el imperativo de construir diálogos desde múltiples lugares de enunciación que problematicen los ejes nucleares sobre los que se han construido las nociones de “víctima”, “paz”, “reconciliación”, “posconflicto”, “democracia”, “ayuda humanitaria”, entre otras.
El libro pone de presente una relación entre los procesos de victimización y los modelos de desarrollo social, económico y cultural en los países latinoamericanos. Esta relación implica la puesta en marcha e institucionalización de procesos políticos y económicos que producen y profundizan discriminaciones históricas. Además, conminan a la periferia social una gran cantidad de sectores sociales o refuerzan formas de marginalización que traen consigo injusticias e inequidades permanentes, expoliación de los recursos de las comunidades, entre otras situaciones, cuyas lógicas de poder se interiorizan a través de las narrativas institucionales, y se perpetúan con el consecuente eco mediático.
En efecto, el concepto de víctima en el país se ha construido a partir del hecho de reconocer a esta como violentada por un tercer actor. “El Estado en sus narrativas no reconoce que violenta”, explica el politólogo.
Desde distintos procesos discursivos el concepto de “derechos ciudadanos” ha sido articulado con el concepto de “beneficio”, en razón del cual se ha creado un lenguaje mercantil que desdibuja la dimensión social de la ciudadanía.
El uso del concepto de “beneficiario para referirse a los sujetos victimizados marca una tendencia en la forma como se construye la relación que establece el Estado con los actores sociales que han sido violentados en el marco del conflicto armado”, añade.
En otras palabras, el Estado se propone como proveedor y la víctima es perfilada como el sujeto de la caridad, con lo cual se estabilizan relaciones que se van fijando en los discursos e inciden sobre la formulación e implementación de políticas públicas.
Así, se construyen relaciones de poder y subordinación, y quienes formulan las políticas son los que hacen, entregan, diseñan y elaboran planes de acción. Además, “casi nunca está involucrada la comunidad que se supone es la que debe participar activamente en la construcción de su propio modelo de existencia social, por lo que quienes reciben las prestaciones estatales son propuestos o bien como sujetos pasivos incapaces de acción o su capacidad de agencia es limitada en función del lugar abstracto que se les asigna; es decir, el lugar de la víctima”, afirma la profesora Pardo.
El texto, compuesto por diez capítulos, está dividido en tres partes. “Usos de los procesos de memoria en los escenarios de conflictividad”, “los contornos del debate actual sobre la justicia transicional” y -la tercera parte- “la categoría víctima y sus usos estratégicos”.
Aunque se abordan procesos de recuperación de memoria en casos como las dictaduras de Chile (con Augusto Pinochet) y Brasil (Getulio Vargas), el libro no es un estudio comparativo, resalta la profesora Neyla Graciela Pardo, las violencias a las que hace referencia el texto no se circunscriben exclusivamente a las dictaduras. De hecho, hay violencias que superan el fenómeno de las dictaduras formalmente reconocidas como tal, como ha ocurrido en el caso colombiano, “con violencias probablemente más agudas, graves y profundas que en latitudes donde hubo dictaduras manifiestas”.
“Cuando uno va a las cifras sobre desaparición, desplazamiento forzado, crímenes de Estado, estos fenómenos triplican esos mismos fenómenos en esos otros países del cono sur”, afirma Juan Ruiz Celis.
Neyla Graciela Pardo hace parte del Instituto de Comunicación y Cultura de la U.N. (IECO) y Juan Ruiz Celis es miembro del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Mediático, grupo de investigación catalogado como A1 (el más alto nivel) por Colciencias.
